Juan José Narciso Chúa
El pueblo de Guatemala acude a las elecciones generales de 2019 en medio del entorno de incertidumbre y tensión por diferentes situaciones, pero una de las condiciones que mayor prevalece es la incertidumbre ante este nuevo evento electoral. El evento eleccionario representa la confluencia de una larga crisis política, que se gesta a partir de la renuencia del Gobierno a mantener la vigencia de la CICIG, que tuvo como primera intención la declaración de non grato del comisionado Iván Velásquez, pero que fue revertida por la Corte de Constitucionalidad
Sin embargo, a partir de acá tomó una nueva dinámica que sumó a diferentes grupos de empresarios y militares, conducidos por el propio gobernante, para continuar propiciando acciones que afectaron el funcionamiento de la CICIG. A este grupo se unieron diferentes bancadas en el Congreso de la República, que también han empujado iniciativas de ley para también erosionar el trabajo de la CICIG. A este grupo se le ha denominado Pacto de Corruptos.
Toda esta crisis política ha generado un ambiente de tensión, que ha encontrado el ámbito judicial como espacio de distensión, en donde la Corte de Constitucionalidad ha jugado un papel de último recurso y de legitimidad constitucional y política.
La bancada oficial con el apoyo de diputados y otras bancadas del Congreso de la República, contribuyeron también a profundizar esta crisis política, como la modificación de la Ley de Reconciliación Nacional, que marcaría un retroceso en material legal para el país, así como profundizaría el ambiente de crispación política. A ello se suman las iniciativas de aceptación de cargos que tácitamente esconden una amnistía, así como de cesación de cárcel, buscando liberar a distintas personas que se encuentran en procesos legales o con condenas definitivas. Todas estas actuaciones responden básicamente a recuperar la impunidad.
Este entorno interno se ha crispado aún más por la presión ejercida por el Congreso de Estados Unidos por medio de la Ley Magnitsky que genera sanciones a funcionarios y empresarios que se encuentran vinculados a casos de corrupción, siendo el caso de la abogada Blanca Stalling un primer ejemplo de ello.
La convocatoria a elecciones generales que hizo el Tribunal Supremo Electoral, TSE, estuvo marcada por tensiones y temores sobre su ocurrencia definitiva. Las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, han cobrado vigencia, en donde destacan el manejo de la pauta, la diferencia entre proselitismo y propaganda, así como se espera una campaña electoral de aproximadamente tres meses.
El Registro Electoral ha inscrito a 24 binomios presidenciales, pero también ha rechazado una candidatura presidencial y ha declinado candidaturas de diputados que buscaban la reelección por su condición de tránsfugas.
El entorno político se encuentra crispado, pero podrá tensionarse más, con las impugnaciones legales que continuarán produciéndose para evitar correr candidaturas o para facilitarlas, por lo que el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad se incrementará significativamente. Se percibe una mayor incertidumbre mientras se dirimen distintos casos en el ámbito judicial. Hoy el factor que establece una nueva configuración en el espectro electoral es la inscripción o no de Thelma Aldana, a partir de acá todo se transforma.
