POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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En una nota aclaratoria enviada a este vespertino, el Organismo Judicial indicó que la denuncia contra Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), y José Manuel Martínez, integrante del colectivo Justicia Ya, fue por instrucciones del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no solo del presidente Néster Mauricio Vásquez.
El OJ dice en la nota que en el acta 7-2019, el pleno de la CSJ “instruyó realizar una investigación por medio de Auditoría Interna del Organismo Judicial, donde se determinó que la resolución que sirvió de prueba para la querella y solicitud de antejuicio contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue sustraída de manera irregular del pleno, debiéndose presentar denuncia penal a través de Asesoría Jurídica”.
Según un comunicado de la Convergencia por los Derechos Humanos, Samayoa y Martínez fueron denunciados por sustracción, desvío o supresión de correspondencia con agravación específica y tráfico de influencias.
La denuncia del pleno fue interpuesta luego de que el 17 de enero de este año, Martínez y Samayoa presentaran una denuncia por prevaricato contra los magistrados que admitieron para trámite el antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
En la denuncia, los activistas adjuntaron copia de la resolución de la CSJ que admitió para trámite el antejuicio contra los magistrados constitucionales. Según Samayoa, esta copia la obtuvieron de publicaciones de medios de comunicación.
Al ser consultados, ambos activistas aseguraron que la denuncia en su contra es una clara represalia en contra de la labor de fiscalización ciudadana que cada uno realiza desde sus organizaciones.
“Para mí es una muestra explícita y desnuda de la criminalización que hemos denunciado por años y por lo que hemos acompañado a defensores en el interior del país, solo que ahora lo que están viendo es un poder del Estado actuando en contra de dos defensores”, afirmó Samayoa.
Además, dijo que llama la atención el hecho que la denuncia que ellos interpusieron contra los magistrados no siguió su curso adecuado en el Ministerio Público.
“La denuncia fue interpuesta el 17 de enero en un juzgado, lo que procedía era que el Juzgado ordenara al MP proceder en consecuencia, pedir el antejuicio en contra de los magistrados. Sin embargo nada de esto se ha realizado”, comentó.
Por su parte, Martínez calificó la denuncia como “infundada” y en represalia por el trabajo que realizan algunas organizaciones como Justicia Ya, Udefegua y la Alianza por las Reformas.
“Nosotros la interpretamos la denuncia sin asidero legal, infundada. La interpretamos como una forma de tomar represalias en contra de la fiscalización ciudadana de parte de un personaje como este (Vásquez Pimentel) que, además, actúa en nombre del pleno y en su calidad de presidente y lo que muestra es, para nosotros, esa intolerancia y esa política de persecución”, dijo Martínez.
