POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
En los últimos días se ha cuestionado el uso de vehículos gubernamentales y de personas particulares que circulan sin placas o no identificados, lo cual ha sido calificado como una “práctica ilegal”.
La semana pasada trascendió la denuncia pública de Samuel Pérez Álvarez, candidato a diputado por el Distrito Central y secretario general del Movimiento Semilla, sobre un vehículo que merodeaba su casa ubicada en la zona 5.
Pérez presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), por ese hecho y después la amplió porque el mismo automotor apareció con la placa O526 BBV, el cual pertenece a la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
Después de esta develación, la trabajadora de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la SBS, Flor de María Dolores Hernández, explicó que también residía en esa zona.
Dolores Hernández agregó que el automotor no tenía placas porque probablemente la fotografía fue tomada cuando recién les habían entregado los vehículos, a los cuales no les había colocado las placas.
Consultados algunas fuentes oficiales y exsubsectarios de Reinserción, indicaron que esta práctica se utiliza para minimizar los riesgos a un atentado, pues dichos vehículos son utilizados para usos múltiples, como el traslado de empleados, de adolescentes en conflicto con la Ley Penal y para requisas, por ello buscan minimizar los peligros.
Sin embargo, no solo los vehículos oficiales incurren en tapar o no visibilizar las placas, pues en diferentes puntos del país se han visto a automovilistas en la misma situación.
EL PASADO DE REPRESIÓN Y MIEDO
Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), opinó que es ilegal quitar las placas de los vehículos y en la actualidad existen más controles por antecedentes del pasado.
“No hay forma de justificar la ilegalidad o la falta, de quitarle las placas, sobre todo si recordamos que en este país en los años del conflicto o la represión era una práctica indebida a la que acudían los agentes de la represión, o le quitaban las placas o se las cambiaban de un carro a otro, por eso se endurecieron los controles porque es una forma de garantizarle a la ciudadanía que los vehículos oficiales no será usados para otros propósitos que la Ley lo permite”, indicó Celada.
De acuerdo con el entrevistado, deben existir controles internos por parte de la SBS, donde se verifique el uso de los automotores y lo mejor sería que estén para el uso interno de las instituciones, no de uno o varios trabajadores.
