Por Jorge Santos
El Sistema de Justicia al igual que una cadena, está compuesto de eslabones o como un reloj que sus piezas deben de funcionar perfectamente para que este se desarrolle con plenitud y pueda dar la hora correctamente, de lo contrario la cadena se rompe y el reloj no logra dar la hora exacta. En ese mismo sentido, las reformas, que se realicen en alguno de los importantes eslabones que componen la cadena del Sistema de Justicia guatemalteco, sin tomar en cuenta la totalidad, carecerán de sentido y permitirán ampliar los márgenes de impunidad.
La evidencia nos ha demostrado que el Congreso, plagado de corruptos, impunes y aprendices de dictatorzuelos, no tiene el menor empacho para otorgar privilegios a quienes han sido condenados por delitos tan graves como la corrupción, tráfico de influencias, asociación ilícita o bien extorsionistas, secuestradores y violadores. Sino recordemos los decretos pro impunidad, realizados en septiembre de 2017. No contentos, con el retroceso que la población les propinó, ahora el pleno discute reformas a la prisión preventiva, sin el menor recato de las implicaciones que tendrá.
Organizaciones sociales, de derechos humanos, académicas, tanto nacionales como internacionales, han desarrollado por más de una década propuestas sobre las reformas que merece la prisión preventiva, la cual debe de ir acompañada por importantes modificaciones en todo el Sistema de Justicia; por ejemplo no es posible mejorar esta medida coercitiva si no se superan los graves atrasos en la gestión judicial, para abordar un solo elemento del andamiaje procesal penal en el país. Lo cierto es que en la actualidad, más allá de debates técnico jurídicos, lo que prevalece en la mayor cantidad de diputados y diputadas es la urgente necesidad de beneficiar a grupos que bajo el manto de la impunidad cometieron actos de corrupción como el de la estructura criminal conocida como La Línea o el grupo que se benefició de la muerte de más de 50 personas al otorgar un contrato anómalo que permitió dañar la salud de enfermos renales crónicos o bien de aquellos y aquellas que bajo la falacia de defender la democracia realizaron financiamiento electoral ilícito o peor aún para quienes cometieron graves delitos contra la humanidad, durante el Conflicto Armado Interno.
Alerta ciudadanos y ciudadanas, ya que la actual legislatura encabezada por la estructura criminal que asaltó la Junta Directiva del Congreso de la República, desde enero del 2018, pretende pasar unas reformas a la prisión preventiva que beneficien a quienes guardan prisión en el Mariscal Zavala, Matamoros y algunas en Santa Teresa y junto a ellos y ellas a más de 11 mil personas que guardan prisión preventiva y que durante más de 18 meses han estado guardando prisión y que producto de la debilidad institucional, no han sido juzgados por delitos tan variados como la extorsión, la violación sexual, el homicidio entre otros muchos delitos. Lo importante, no es normar esta medida coercitiva, este Congreso pretende procurar más impunidad.
