Adrián Zapata
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Los partidos políticos son consustanciales a la democracia. A pesar de la crisis de legitimidad que sufren en Guatemala y en casi todas partes, sin ellos no es posible concebir la democracia. Este régimen político necesita gozar de una buena salud, la cual no se puede lograr si sus actores fundamentales, los partidos, están gravemente enfermos. Su curación depende de muchos factores e implica, en gran medida, recuperar hasta donde sea posible su papel de intermediarios entre la población y el poder. Se hace necesaria su democratización, la recuperación de su sustento ideológico y la sustancialidad de su propuesta programática.
En una democracia debe haber reglas jurídicas que la normen. Sin vigencia del Estado de derecho este régimen no puede existir. En su más simplista concepción, por insuficiente que ésta sea, la democracia es la observancia de los procedimientos legales que rigen la lucha por el poder, para conquistarlo o mantenerlo.
En este contexto, es que los partidos se dedican, por cacofónica que resulte esta frase, a la práctica política.
La democracia, en su dimensión representativa, tiene como piedra angular el voto ciudadano. Y éste debe definirse a partir del debate de ideas, de propuestas programáticas, de evaluación de los candidatos (as). Hago estas afirmaciones sin dejar de reconocer que hay múltiples factores que actúan sobre los partidos y que los llevan a pervertir la manera en que escogen a sus candidatos, lo cual significa que se limita la capacidad del ciudadano de decidir, pues su voto sólo lo puede emitir alrededor de las candidaturas definidas por los partidos.
Ahora bien, lo que estamos observando en Guatemala, especialmente en el actual proceso electoral, es una tensión entre el derecho y la política, entre la práctica jurisdiccional, propia de las cortes, y la práctica política, propia de los partidos.
Son las cortes las que están decidiendo quién puede ser o no candidato. El argumento, fuerte por cierto, para que esto sea así, es que son ellas las que definen la legalidad de las candidaturas. Sin embargo, existen prácticas jurisdiccionales contradictorias donde las cortes han decidido, en diferentes momentos pero ante similares circunstancias, en sentidos contradictorios. Las normas jurídicas han sido interpretadas por los magistrados de las más altas esferas jurisdiccionales de manera antagónica.
Y los liderazgos políticos, desde una triste posición, han trasladado su práctica política al ámbito jurisdiccional. En lugar de luchar por convencer a la ciudadanía a partir de su ideología y su plataforma programática, prefieren evitar por la vía jurisdiccional que sus oponentes participen. Han cambiado el debate político por el litigio judicial. De políticos han pasado a ser litigantes para conquistar el poder eliminando a sus adversarios, no convenciendo a la ciudadanía.
En resumen los políticos han abdicado de la política y las cortes se han convertido en los grandes electores.
