Por Jorge Santos
La alianza criminal organizada en lo que sabía y popularmente se ha denominado el Pacto de Corruptos, se creía en un escenario con pleno dominio y control del contexto nacional. El Pacto de Corruptos diseñado milimétricamente, liderado y financiado por la oligarquía nacional y por los nuevos ricos, pero implementado al pie de la letra por sus instrumentos de clase, los políticos marrulleros, los sobalevas de siempre, el Ejército –mal llamado– nacional y el crimen organizado consideraba que estaba en plena avanzada y en dominio pleno de lo que pasaba o dejaba pasar en el plano institucional del Estado guatemalteco.
Esta frágil suposición les hizo pensarse lejos de la comunidad internacional, les hizo creerse que la sociedad no es capaz de organizarse. Su arrogancia histórica les hizo verse y pensarse en pleno ejercicio de la impunidad y se creyeron a sí mismos capaces de pasar leyes impunes, ilegales, ilegítimas e inconstitucionales. Desde la llegada de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera al Organismo Ejecutivo y de la llegada de la Junta Directiva del Congreso de la República en 2018, se sintieron valientes para aprobar un conjunto de iniciativas de ley, que les procurarían impunidad a ellos y para sus allegados, casi todos presos en el Mariscal Zavala.
Durante los últimos días de diciembre, la valentía les creció más, ya que creyeron que podía pasar lo que les viniera en gana, bajo la falsa creencia que en estos feriados nadie ve nada, nadie escucha nada, sin embargo tuvieron oposición reiterada, necia, históricamente digna. Ya para enero, ambos aprendices de dictadorzuelos, uno en la Presidencia del Ejecutivo y el otro en la Presidencia del Legislativo, pensaron que serían capaces de todo y se atrevieron a vociferar improperios contra la democracia, la independencia judicial, los principios constitucionales y todo aquello que fuera contrario a la defensa del arcaico status quo y de sus intereses de impunidad y corrupción.
Sin embargo, los pueblos siempre dignos, organizados, plantearon su férrea oposición a los intereses de la Alianza Criminal y en los albores de enero emprendieron la toma de las calles. Aún y en el marco de una estrategia onerosamente implementada, libraron las batallas y se aprestaron a articular una amplia serie de acciones que condujera a provocar el cierre hacia los corruptos e impunes, hacia el retroceso de sus aviesos intereses. Eso ha conducido a una respuesta contundente hacia el Pacto de Corruptos, demostrado en las calles, en el ámbito nacional y a través de una fuerte oposición internacional.
Esta semana ha sido particularmente ejemplar en ello. Los criminales asediados por las múltiples muestras de rechazo a sus iniciativas. Desde congresistas norteamericanos, parlamentarios europeos y miembros de la sociedad civil en diversos países, hasta la presencia de las y los familiares de víctimas del Conflicto Armado Interno en las afueras del Congreso de la República, fueron muestras poderosas de que esta sociedad no permitirá que un pequeño pero poderoso grupo se imponga por encima de la voluntad popular y los deseos de construir una nueva nación.
