Pedro Pablo Marroquín Pérez
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@ppmp82
Desde el 2 de junio de 2016 (Caso Cooptación del Estado) y desde que en agosto de 2017 no se pudo consumar la expulsión de Iván Velásquez, hubo muchos que se sumaron a jurar venganza para siempre contra Thelma Aldana y Gloria Porras, y en el caso de esta última, ha centrado la ira de muchos a pesar que forma parte de un tribunal colegiado.
A finales del año pasado fuimos testigos de cómo, por la módica suma de Q600 mil pagados por el Congreso, algunos exconstituyentes presentaron una querella en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y luego el mismo Presidente de la República, usó al Procurador General de la Nación (representante legal del Estado que es más que Jimmy Morales) y le ordenó que solicitara antejuicio contra los mismos tres magistrados porque le estaban poniendo límites que no le gustaban.
A Porras la acusa de manera directa Roberto Molina Barreto y la gente de Valor; el exmagistrado dijo que lo de la jurista es personalísimo en contra de la familia Ríos y al ser cuestionado por los comentarios de quienes decían que su apoyo a Ríos Montt por el Caso de Genocidio y ahora su aspiración con Zury Ríos lo hacían estar personalísimamente a favor, dijo que no, que lo suyo en el caso de Genocidio fue “por el debido proceso”.
No hemos podido hablar con los magistrados de la CC que recién ayer votaron por revocar el amparo provisional que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le había otorgado a Zury, pero me imagino que si pudieran hablar dirían lo mismo que Molina Barreto, es decir que su resolución fue “por el debido proceso” porque la CC está convalidando lo que resolvió el Registro de Ciudadanos y el pleno del Tribunal Supremo Electoral. Siempre dije que el ataque a la CC era más un asalto para quitar algún freno y así, atentar contra la democracia y meter, si desean, las manos en las elecciones.
Que si la CC necesita ajustes como lo necesita el sistema entero, sin duda alguna, pero de eso no se habla y es más fácil personalizar las cosas porque cuando les convinieron las resoluciones de 2003 (candidatura) y de 2013 (anulación de sentencia de genocidio) que favorecieron a Ríos Montt, no dijeron mucho del actuar del máximo órgano constitucional.
Y otra venganza que está en curso, es la que desde el Congreso de la República (patrocinados, entre otros, por los que al verse en el banquillo juraron nunca olvidarla) se está librando para impedir la inscripción de Thelma Aldana como candidata presidencial. Todos en Guatemala debemos rendir cuentas de nuestros actos, pero me llama la atención cómo es que defendieron a Sandra Torres por su caso de financiamiento, pero a Aldana la buscan invalidar por denuncias a las que aún les falta mucho recorrido. Hablan del finiquito y no de la falta de idoneidad porque entonces Sandra Torres sería aún menos idónea para aspirar al cargo y es la favorita de los muchachos.
Si en algún momento Aldana ha bajado en la preferencia de los electores porque le ha faltado conectar la lucha contra la corrupción con las necesidades del día a día de los chapines, estas acciones desesperadas de quienes se muestran atemorizados por su participación, le levantan el perfil porque están evidenciando cómo es que se usan las instituciones en la Guatemala de la cooptación y la ayuda que el Contralor en funciones, Fernando Fernández les da, no deja lugar a dudas de lo que está ocurriendo.
Nos vienen los tres meses más duros de nuestra historia reciente y mi temor es que caeremos en una jaula de leones en la que no se abordarán los grandes problemas del país, los retos estructurales, las brechas sociales, las limitantes humanas y la incapacidad de generar suficientes oportunidades, porque se desea volver al pasado de impunidad a toda costa y como al fin y al cabo dijo Patricia Sandoval de FCN-Nación, “si no quiere trabajar, migre”. ¡Vaya manera!
