Juan José Narciso Chúa
El evento eleccionario representa la confluencia de una larga crisis política de “baja intensidad”, que se gesta a partir de la renuencia del Gobierno a mantener la vigencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que tuvo como primera intención la declaración de non grato del Comisionado Iván Velásquez, aunque este punto de inicio fue revertido por la CC, no quiere decir que todo terminó ahí.
El Pacto de Corruptos ciertamente arrinconó a la CICIG, pero no la acabó, para nada, la institucionalidad judicial ha seguido su desenvolvimiento y hoy, Jimmy Morales, más allá del proceso legal que mantiene su hijo y su propio hermano, el MP ha iniciado una investigación por sobre unos cheques cobrados por la esposa del mandatario, lo que la obligó a salir del país.
La Cancillería ha empujado y continuado con su lucha diplomática en Washington con la intención de acabar a la CICIG, pero sus logros son pírricos e inconsistentes. El Ministerio de Gobernación ha también buscado erosionar a la CICIG, pero sus resultados son magros.
La bancada oficial con el apoyo de diputados y otras bancadas del Congreso de la República, pretenden derogar el decreto legislativo que dio vigencia a la CICIG, así como se busca la modificación de la Ley de Reconciliación Nacional para quitarle materia legal a procesos legales iniciados en contra de varios militares vinculados a casos de violaciones de derechos humanos, se ha también presentado una iniciativa de ley de aceptación de cargos que tácitamente esconde una amnistía, así como otra iniciativa de reducción de condenas, buscando liberar a distintas personas que se encuentran en procesos legales o con condenas definitivas.
Este entorno interno se ha crispado aún más por la presión ejercida por el Congreso de Estados Unidos por medio de la Ley Magnitsky que genera sanciones a funcionarios y empresarios que se encuentran vinculados a casos de corrupción, por lo que en marzo se espera la divulgación de la primera lista de personas en Guatemala que serían sancionados por dicha ley.
La convocatoria a elecciones generales que hizo el Tribunal Supremo Electoral estuvo marcada por temores sobre su ocurrencia definitiva, pero hasta ahora, la situación se desenvuelve con “normalidad”, pero no exenta de tensiones, puesto que el Registro Electoral ha rechazado una candidatura presidencial, ha declinado candidaturas de diputados que buscaban la reelección por su condición de tránsfugas, así como no ha inscrito al hermano del mandatario y al hijo del vicemandatario. Para presionar más, la Corte de Constitucionalidad también vetó la candidatura de Zury Ríos, la controvertida hija del fallecido general Ríos Montt.
En este ambiente un tanto crispado el TSE emitió una resolución violatoria de la Ley de Emisión del Pensamiento que fue abortada, sin dejar un sinsabor en muchos sectores, con lo cual abonó a un terreno lleno de incertidumbre, de tensiones y de elecciones. Aunque en el cronograma electoral falta poco, todavía, para los guatemaltecos, falta mucho.
