Oscar Clemente Marroquín
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En un país como Guatemala cuesta mucho lograr avances como los que se dieron en la Policía Nacional Civil durante los últimos años, y los que beneficiaron la seguridad de los jueces gracias a una dirección adecuada de la dependencia encargada de su protección. En ambos casos se notan serios retrocesos que pueden ser muy graves para la institucionalidad porque volver a alcanzar los niveles anteriores será sumamente complejo tras el desmantelamiento de lo que ya estaba funcionando correctamente.
El caso del Jefe de Seguridad del Organismo Judicial es ilustrativo porque durante mucho tiempo los jueces se sintieron cómodos y protegidos cuando esa responsabilidad la tuvo el respetado hombre de derecho Ángel Conte Cojulún, quien fue removido por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Néster Vásquez Pimentel, luego de los almuerzos “casuales” que tuvo con el presidente Morales y el señor Arzú, presidente del Congreso, llevando en su lugar a un allegado del gobernante, el señor Oscar Mota Bonilla, quien modificó todo el esquema para convertir la jefatura de seguridad en una oficina de espionaje e inteligencia, lo que resulta comprometedor para la independencia de los jueces.
En efecto, los mismos jueces dieron la voz de alerta porque sintieron que en vez de estar protegidos por los delicados casos que tramitan, estaban siendo espiados por personal que provenía de la misma SAAS, llevados a trabajar al OJ por Bonilla quien admitió que había nombrado a veintiséis nuevos agentes para que vigilaran la forma en que trabajaba el personal de la dependencia. No olvidemos que hay tribunales en los que se han tramitado procesos contra familiares del Presidente y de otros funcionarios de un gobierno que forma parte del Pacto de Corruptos, por lo que no se puede poner la seguridad del Organismo Judicial en manos de alguien estrechamente vinculado con el Presidente de la República. Mota Bonilla fue subsecretario de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia, lo que evidencia el nivel de confianza existente pues esa dependencia maneja los asuntos más secretos del Estado.
El alboroto causado por ese nombramiento fue enorme, pero el Presidente del Organismo Judicial permaneció en sus trece a pesar de lo concreto de los señalamientos y no movió un dedo ante los reclamos que alcanzaron hasta nivel internacional. La salida de Mota Bonilla se produjo luego de que se hizo público que tenía orden de captura por delitos de violencia contra la mujer, pero ni siquiera por esa situación tan delicada el magistrado Vásquez Pimentel tomó alguna iniciativa para corregir el grave daño que él mismo le causó al poder judicial.
Esto pone en evidencia que en almuerzos “casuales” se planifica el desmantelamiento de las instituciones que han trabajado correctamente y cumpliendo con sus fines. Es penoso que los muy escasos avances que hemos tenido en el campo institucional, donde prácticamente hay que buscarlos con lupa, sean desmantelados en forma caprichosa por funcionarios que anteponen sus intereses y los intereses del Pacto de Corruptos a los que persiguen el cumplimiento de los fines del Estado.
