Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
La Junta Directiva del Congreso de la República está empeñada en promover una iniciativa de ley para reformar la Ley de Reconciliación Nacional aprobada, en el año 1996, como resultado de los Acuerdos de Paz. La iniciativa 5377 pretende decretar la amnistía o la extinción total de la responsabilidad penal de los delitos y abusos cometidos –por las fuerzas de seguridad o por integrantes de la guerrilla– durante la época del Conflicto Armado Interno.
Sin embargo, en el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional se estableció con claridad que la extinción de la responsabilidad penal no sería aplicada a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada. Tampoco afectaría a delitos imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, según lo establecido por normas del derecho interno o de tratados internacionales ratificados por Guatemala.
Además, el Estado de Guatemala es signatario del Estatuto de Roma, el cual define algunos hechos delictivos, conocidos como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, que por su gravedad no pueden quedar impunes. Para quienes cometen esos actos, no existe prescripción o amnistía que pueda liberarlos de responsabilidad, por eso la iniciativa de ley 5377 es a todas luces inviable.
El Conflicto Armado Interno, entre el Ejército y la guerrilla, marcó la mitad del siglo XX en nuestro país y afectó la vida de cientos de miles de guatemaltecos. Aún hoy, dos décadas después de la firma de la paz, la sociedad sigue dividida. La Ley de Reconciliación diseñó mecanismos para sanar las heridas, de las partes involucradas en conflicto, pero no pretendía borrar por decreto los abusos que los combatientes hubieran cometido.
Los casos que han sido llevados a los tribunales, en años recientes, nos muestran los horrores de la guerra. Las masacres a diversas comunidades indígenas; el secuestro y desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen; la violación sistemática de mujeres, son ejemplos de atropellos contra las personas más vulnerables de la población. Detrás de todos estos casos hay investigaciones científicas y pruebas que han sido valoradas por jueces valientes para dictar sentencias condenatorias contra los perpetradores.
Crecí en una familia que apoyó abiertamente la labor del Ejército, mi tío materno fue oficial de esa institución; para nosotros un héroe que defendió su país de la amenaza del comunismo. Entiendo que para muchos sea difícil aceptar que algunos miembros de las fuerzas armadas se ensañaron contra la población civil. Pero ignorar los horrores de la guerra no ayuda al proceso de reconciliación.
Así como la Iglesia Católica no pudo negar los abusos sexuales de algunos sacerdotes, el Ejército tampoco debe encubrir a quienes abusaron de su cargo y cometieron delitos de lesa humanidad. Se requiere que se castigue a los responsables y a sus encubridores con todo el peso de la ley. Para garantizar su legitimidad, las instituciones tienen que reconocer que hay individuos que cometen atropellos. Nuestro pasado no se borra de un plumazo. Solo por medio de la justicia podremos construir la paz.
