Adrian Zapata

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Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Por: Adrián Zapata

El pasado lunes los Secretarios Generales de dieciocho partidos políticos firmaron un “Pacto Ético” relativo a su desempeño en el actual proceso electoral. Del total de entidades políticas, 27, nueve no lo firmaron, dando para el efecto diferentes razones, desde descalificaciones hacia el Tribunal Supremo Electoral, TSE, hasta motivaciones ideológicas, de acuerdo con las cuales el contenido del pacto refleja las ideas de la izquierda. Es preocupante que existan estas actitudes, que pueden ser manifestación auténtica de inconformidad o simples subterfugios para poder evadir compromisos y sentirse libre de actuar de manera diferente a la preceptuada en el pacto mencionado.

El compromiso de los partidos es desarrollar sus actividades en condiciones de “paz, tolerancia, inclusión, respeto, ética y la observancia de los derechos humanos, la Constitución y la Ley Electoral”.

Es meritorio que el TSE haya promovido esta iniciativa, pero la realidad lo hace difícil de cumplir.

A mi juicio, el tema de fondo son las pretensiones que inspiran la participación política de quienes dirigen los partidos en Guatemala. El poder se ha convertido, para la mayoría de los actores, en un medio para lograr propósitos privados. Es imposible pensar que en nuestro país puedan existir 27 propuestas para gobernar, si las mismas estuvieran basadas en aspectos ideológicos y programáticos. Por mucha creatividad que pudiéramos tener, no hay, desde esa perspectiva ideológica programática, tal cantidad de caminos que Guatemala pueda seguir. Esta afirmación no significa tampoco que el país tenga un rumbo unívoco, o que definiendo rumbos estratégicos no pudiera haber matices o variaciones sobre las particularidades de los caminos que deban transitarse para alcanzar los fines que la Constitución Política le define al Estado guatemalteco. Las visiones de izquierda y de derecha siguen vigentes, a pesar del pensamiento único que algunos perversamente reivindicaron en tiempos del auge neoliberal. Pero lo lógico sería entonces que los partidos pudieran agruparse, aliarse electoralmente para impulsar su visión.

Entonces, como los propósitos partidarios son, lamentablemente, de índole privado, se puede entender que los dirigentes recurran a cuanta herramienta puedan disponer, por perversas que éstas sean, para pelear con uñas y dientes su acceso al poder.

Lo que se requiere es darle contenido ideológico programático a los partidos, al mismo tiempo que se conciertan entre ellos aspectos fundamentales de interés nacional, de mediano y largo plazo, respecto a los cuales se tomen acuerdos.
Por eso, los “pactos éticos”, por loables que sean las aspiraciones que los motivan, no abordan la problemática de fondo de la política nacional. Intentaron “desideologizar” la política y la mercantilizaron; el resultado es la prevalencia de los intereses privados en ella.

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