Víctor Ferrigno F.
Ayer por la tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) requirió al Estado de Guatemala “que interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley 5377 que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional (LRN) de 1996 concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el Conflicto Armado Interno, y la archive”.
Además, la Corte-IDH recordó “que la disposición establecida en el artículo 63.2 de la Convención confiere un carácter obligatorio a la adopción, por parte del Estado, de las medidas provisionales que le ordena este Tribunal o su Presidente, ya que, de acuerdo a un principio básico del Derecho Internacional, los Estados deben cumplir sus obligaciones de buena fe (pacta sunt servanda). El incumplimiento de una orden de adopción de medidas provisionales dictada por el Tribunal o su Presidente durante el procedimiento ante la Comisión y ante la Corte puede generar la responsabilidad internacional del Estado”.
La resolución de la Corte-IDH se dio en el marco del 130° Período de Sesiones, donde citó al Estado guatemalteco para que informe sobre el cumplimiento de las medidas de reparación dictadas en la sentencia de 2004, en la que condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, ejecutada por el Ejército durante el Conflicto Armado Interno, así como las violaciones de derechos humanos perpetradas en contra de su familia, así como la supervisión del cumplimiento de sentencias de otros casos.
También le demandó que informe sobre la iniciativa para reformar la LRN, que busca decretar una amnistía general para los criminales de guerra, anulando los procesos y condenas por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
En ese contexto, más de 26 mil ciudadanos firmamos una petición dirigida a la Corte-IDH en la que demandamos que frenara la aprobación de esa aberración jurídica, pues contravendría lo resuelto en más de 13 casos que se encuentran en fase de supervisión de las sentencias en las que el Estado de Guatemala fue condenado por cometer o permitir crímenes de lesa humanidad.
A pesar de que la ONU, el Congreso de EE. UU. y múltiples instancias de DD. HH. han demandado al Congreso de la República que suspenda la aprobación de la reforma a la LRN, el Pacto de Corruptos e Impunes ha continuado con su persistente afán de impunidad, aunque conviertan a Guatemala en un Estado paria, por no respetar los tratados y convenios que ha ratificado, y por ignorar las sentencias de la más altas Cortes.
El pasado 7 de marzo, congresistas y senadores de EE. UU. presentaron la propuesta de Ley de Rendición de Cuentas de Guatemala, para sancionar a funcionarios guatemaltecos que hayan incurrido en corrupción, que hayan obstaculizado a la justicia o que hayan hecho mal uso de los recursos donados por aquel gobierno. Es decir, legisladores de EE. UU. toman la iniciativa legal de combatir la impunidad en Guatemala, pues los cafres atrincherados en el Palacio Legislativo han levantado allí un templo al despotismo.
Ayer mismo, el presidente Trump presentó al Congreso su propuesta de presupuesto para 2020, en el que la ayuda para Guatemala se reduce en un 30%, ante la incapacidad, corrupción y desfachatez de quienes nos desgobiernan.
En ese contexto, abundamos los memoriosos, mujeres y hombres que hasta el fin de nuestros días demandaremos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No clamamos por venganza, sino por procesos justos con todas las garantías, pero nunca transigiremos con la impunidad, que no pude ni debe ser permisible, especialmente en delitos de lesa humanidad.
