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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Las denuncias que ha hecho el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ) sobre la vigilancia que se ha empleado contra personal judicial podrían estar fundadas en nuevas políticas de seguridad que han sido consideradas como controvertidas por juzgadores y analistas. Desde que Roberto Mota Bonilla asumió como director de la Dirección de Seguridad Institucional, varios agentes han sido apartados de sus funciones y otros han sido contratados para “verificar” la forma en que realizan su trabajo antiguos guardias de seguridad en los distintos edificios del OJ. A criterio de expertos en seguridad, el delicado contexto en que esto sucede hace que esta nueva disposición genere un clima de zozobra en la institución.
El pasado 19 de febrero, el secretario general del STOJ, Fabricio Regnier, denunció que la Dirección de Seguridad Institucional (DSI), desde que Mota Bonilla asumió como director, contrató a extrabajadores de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la Presidencia que se dedicaba a vigilar jueces y demás personal judicial.
Regnier también dijo que alrededor de 20 guardias de seguridad habían sido destituidos u obligados a renunciar por las nuevas autoridades.
Aunado a esto, la Asociación de Jueces por la Integridad solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, que destituyera a Mota Bonilla por no atender los requerimientos de seguridad con eficacia.
Derivado de estas denuncias, La Hora hizo una solicitud de información pública sobre cuántos trabajadores han dejado de laborar en la DSI desde que Mota Bonilla asumió como director a la fecha.
La información proporcionada indica que han dejado de laborar 17 personas: 15 agentes de seguridad, 1 técnico y el coordinador I, Miguel Ángel Ovalle y Ovalle.
De los 15 agentes que se han separado de sus funciones, ocho han presentado su renuncia voluntariamente y a siete se les ha finalizado el contrato y no se les ha renovado.
En total, hay 926 agentes que laboran en la DSI, según el OJ.
En una actividad pública en la Sala de Vistas, La Hora abordó a Mota Bonilla para cuestionarlo en torno a las renuncias y a las denuncias del sindicato. Aunque no accedió a dar una declaración, en una conversación informal indicó que los ocho agentes habían renunciado por motivos personales y a los siete a quienes no se les renovó el contrato fue porque no desempeñaban sus funciones correctamente.
En esa ocasión, Mota Bonilla dijo también que se contrató a 26 nuevos agentes de seguridad. Sus funciones, comentó, son las de ubicarse en los distintos edificios del OJ, vestidos de particular, para ver cómo los agentes de seguridad uniformados realizan sus funciones.
El primer grupo de los nuevos agentes de seguridad empezó a laborar a mediados de febrero y el segundo el primer día hábil de marzo, dijo Mota Bonilla.
“Su función es tomar las actividades que hacen los agentes en los distintos puestos de seguridad que tiene el OJ. Por ejemplo, ver el trato a las personas, la forma en que debe acercarse a ellos. Que pasen por escáner los detectores de metales (…) Aspectos cotidianos”, dijo el vocero Mario Siekavizza en lugar de Mota Bonilla, quien no quiso que se le grabara por instrucciones de comunicación social.
Siekavizza agregó que son guardias en entrenamiento y que hacen la verificación para cuando les toque desempeñarse a ellos con un uniforme.
El vocero agregó que varios de los agentes contratados son expolicías nacionales civiles.
¿UN MÉTODO DE VIGILANCIA?
Expertos en seguridad consultados opinan que, aunque la contratación de los 26 agentes podría corresponder a un mecanismo de control interno, el nuevo modelo de seguridad empleado por la DSI crea un clima de zozobra institucional en el OJ por las múltiples denuncias que se han hecho a la gestión de Mota Bonilla.
Andy Javalois, consultor de la Fundación Myrna Mack, afirma que es posible que las nuevas políticas de seguridad correspondan a un modelo clásico de la Seguridad Nacional. En este modelo, explica el experto, la seguridad responde más al interés del superior jerárquico y a velar por la integridad física de las personas.
Bajo esta concepción, dice el entrevistado, se pueden implementar acciones ilegítimas, tales como darles seguimiento a jueces que son incómodos para ciertos actores de poder y crear, así, un estado de zozobra a lo interno del OJ porque ya no se sabrá quién está vigilando a quién y con qué propósito.
“Si el organismo de seguridad interno del OJ se convierte en un esquema de vigilancia contra los jueces, y no en un esquema de protección para ellos, vamos mal porque se vulnera la independencia (judicial)”, comenta Javalois.
Carmen Rosa de León Escribano, de IEPADES, considera que no es normal que gente recién llegada a una institución supervise a gente con más antigüedad. Sin embargo, para evaluar si es o no correcta esta nueva política de seguridad, comenta que es necesario analizar cómo se hace la evaluación del cumplimiento de funciones de los guardias de seguridad.
En tanto, Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), dijo que este modelo de seguridad podría tener una lógica policíaca de espionaje, propia de la guerra fría y de regímenes autoritarios.
Para este reportaje se buscó obtener la visión de algún analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), pero no respondieron a las llamadas realizadas por este vespertino.
JUECES
Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, organización que solicitó al presidente de la CSJ, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, dijo que es llamativo que un período tan corto de tiempo hayan renunciado 15 agentes de seguridad. Vásquez dijo que es posible que esto se deba a los guardias que expresaron que fueron obligados por el director a presentar su renuncia.
Se llamó también al secretario del STOJ, Fabricio Regnier, para conocer su opinión sobre este tema, pero no respondió las llamadas a su celular al cierre de este reportaje.
«UN MECANISMO OPACO»
Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, representante de la Federación Latinoamericana de Magistrados y también de la Unión Internacional de Jueces y Magistrados y Jueces, fue consultada sobre este tema ayer tras reunirse con el presidente de la CSJ para expresarle sus preocupaciones sobre la gestión de Mota Bonilla.
La entrevistada comentó que no es usual en otros países que se contraten agentes de seguridad que vistan de particular para que verifiquen el actuar de agentes uniformados.
«Este tema primero es opaco y la opacidad implica que no exista los condicionamientos que debe regular un Estado de Derecho, que es que todo esté absolutamente claro y más en el tema de seguridad. No existe como un mecanismo de estos en Costa Rica porque esto sería un mecanismo paralelo, opaco que viene a condicionar la seguridad del OJ cuando los sistemas de seguridad y protocolos deberían estar absolutamente claro para que cualquiera pueda consultarlos», dijo Orocú.
En la reunión también participó Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Costa Rica y una jueza de la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces.
