POR HEDY QUINO
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Algunos partidos políticos representados en el Congreso, por medio de los diputados, se opusieron a la nueva medida del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Acuerdo Número 99-2019 Reglamento para la organización de debates, entrevistas y foros públicos entre candidatos durante el proceso electoral.
El secretario general en funciones de la agrupación Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Óscar Argueta, afirmó que el TSE se está excediendo de su mandato, pues no tiene la potestad de limitar las entrevistas ni regular los foros de debate en los que participan voluntariamente los candidatos a la Presidencia.
“El Tribunal debe concentrarse en que el proceso electoral se haga de manera transparente y no estar controlando cómo se hace un foro y las entrevistas. Que sea la decisión del pueblo de Guatemala la que prevalezca”, añadió Argueta.
El legislador Carlos Chavarría, de la agrupación Compromiso, Renovación y Orden (Creo), dijo estar en desacuerdo con el Reglamento. “Esto desvirtúa la naturaleza de un debate, pues debe existir una libre expresión por parte de los candidatos a la Presidencia”, indicó.
El diputado de Visión con Valores (Viva), Juan José Porras, aunque reconoció que el TSE es el ente supremo del proceso electoral, dijo que el Reglamento no es lo más adecuado. “Es importante que las propuestas de los presidenciables deben darse a conocer a toda la población guatemalteca sin restricciones”, declaró.
“No se tiene que restringir ninguna garantía constitucional como la libre emisión del pensamiento y de libre expresión, pues Guatemala necesita el mayor debate posible de cara a las elecciones”, concluyó Porras.
El nuevo Reglamento del TSE contiene una serie de restricciones para las entrevistas a un candidato a la Presidencia que realicen los medios de comunicación, así como Organizaciones no Gubernamentales. Además regula los foros y debates públicos en los que participen los presidenciables.
Por este Acuerdo, ayer la organización Mirador Electoral, que aglutina a varias instituciones de la sociedad civil, y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), se manifestaron en contra.
