Luis Enrique Pérez
El embajador de Estados Unidos de América, Luis Arreaga, en una reciente conferencia periodística, fue indagado sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Presumo que un propósito de algunos de los indagadores era obtener, del embajador, novedosas declaraciones que pudieran resucitar a esa comisión, o amenazantes declaraciones que pudieran obligar al presidente Jimmy Morales, a desistir de la extinción del acuerdo de creación de esa misma comisión. El embajador Arreaga, empero, se abstuvo de brindar tales declaraciones; y las que brindó han de haber frustrado a aquellos indagadores.
He aquí un resumen de sus declaraciones. Primera, la controversia en torno a la comisión es controversia entre el Gobierno del Estado de Guatemala, que es “soberano”, y la Organización de las Naciones Unidas, que es “independiente”. Segunda, en torno a que el Organismo Ejecutivo no haya acatado resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre la comisión, “nosotros nunca opinamos sobre casos específicos de las cortes”. Tercera, en torno a la propuesta de una comisión reformada, el Gobierno de Estados Unidos de América opinará hasta que termine la controversia. Y cuarta, será competencia de las próximas autoridades gubernamentales de Guatemala decidir sobre el destino final de la comisión.
Son las declaraciones más sensatas que ha brindado el embajador Arreaga. De ellas puede colegirse que el Gobierno de Estados Unidos de América no intervendrá para influir en las decisiones del Organismo Ejecutivo sobre la comisión; ni para obligar a ese mismo organismo a acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad; ni para imponer una reforma de la comisión; ni para obligar a las nuevas autoridades gubernamentales que serán electas durante el presente año, a renovar el acuerdo de creación de la comisión, reformada o no reformada.
El embajador Arreaga también comunicó la intención del Gobierno de Estados Unidos de América de cooperar con el Gobierno de Guatemala para someter a procedimiento penal a quienes sean acusados de cometer actos de corrupción; pero esa cooperación es independiente de que haya o no haya una institución como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Y entonces, aunque se extinga el acuerdo de creación de esa comisión, persiste el “compromiso” de Estados Unidos de América de “luchar contra la corrupción” y “contra la impunidad”. No importa que aquella extinción sea obra de una decisión “unilateral” o de una infinitamente “multilateral”.
El embajador Arreaga anunció que “se doblará” el esfuerzo para “trabajar con las instituciones que se dedican a esa lucha”. Y ello porque la corrupción amenaza “la seguridad nacional” de Estados Unidos de América. En suma, interesa el fin de la cooperación, es decir, “luchar contra la corrupción” y “contra la impunidad”; pero el medio para lograr ese fin no tiene que ser impuesto por un poder extranjero colonizador o por un poder internacional invasor.
Post scriptum. En torno a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, prudentemente el embajador Luis Arreaga afirmó: “Nosotros creemos en principios como el respeto a la Constitución Política, la independencia de poderes y el respeto entre los poderes.” En ningún sentido opinó que el Organismo Ejecutivo tendría que acatar aquellas resoluciones.
