Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Conforme se van definiendo los distintos binomios se hace más que evidente la necesidad de que como ciudadanos exijamos a quienes aspiran a dirigir los destinos del país que presenten sus respectivos planes de gobierno pero, sobre todo, cómo piensan ejecutarlos en medio de este sistema podrido por la corrupción y la impunidad que ha permeado a todo el modelo político nacional. Porque aunque existan las mejores intenciones y excelentes ideas sobre políticas que se deben implementar en Guatemala para superar nuestros graves problemas estructurales, es necesario saber que hay una imposibilidad práctica para avanzar con tales planes e ideas debido a que no es una falacia que vivimos en un Estado cooptado por los intereses de la corrupción que se han adueñado de todas las instituciones, poniéndolas al servicio de intereses espurios que se preocupan por acumular ventajas y privilegios en perjuicio de la población en general.
Algunos piensan que el tema de la lucha contra la corrupción es una especie de terquedad de unos pocos que no entienden que el país demanda mucho más que eso. Y es cierto que son abundantes las necesidades del país y las obligaciones de los políticos para emprender acciones en favor de la gente menos afortunada, pero repito que por extraordinarias que sean las propuestas, si no desmontamos previamente todas las estructuras mafiosas enquistadas en cualquier entidad pública, todo quedará en buenas intenciones que, tristemente, no se pueden llevar a cabo.
Ponerse de acuerdo sobre algunas políticas públicas que son necesarias para impulsar el desarrollo no es imposible y así lo vimos con las propuestas del llamado Foro Guatemala, pero una cosa es tener la visión de lo que hay que hacer y otra muy distinta es tener la decisión de romper con esa tan extendida costumbre que ha colocado al Estado en una auténtica discapacidad para ejecutar porque en las instituciones todo se mide de acuerdo a la posibilidad de que quienes las dirigen puedan beneficiarse y beneficiar a sus socios mediante mordidas y sobornos.
La dimensión de la corrupción en Guatemala es de tal tamaño que ha generado el deterioro de prácticamente todas las instituciones. Empezando por los tres poderes del Estado que funcionan al servicio de intereses perversos y nunca para promover el interés nacional, la seguridad, la justicia y el bien común y pasando por las distintas instituciones autónomas y descentralizadas que son también una especie de caja chica de la corrupción para generar negocios que se traducen en obras irrelevantes pero que dejan bien untadas todas las ollas.
Creer que en medio de este sistema corrupto es posible implementar acciones en beneficio de la población es pecar de ilusos. Por decidida que pueda estar una persona, su esfuerzo será insuficiente frente al extenso entramado de los negocios que florecen a la sombra de la cooptación del Estado que se deriva del financiamiento electoral, ese que ahora ya ni siquiera es delito más que para el pinche contador de los partidos políticos.
