El fin de semana el Gobierno de Suecia llamó a consultas al Embajador Anders Kompass debido a la situación política en Guatemala y las condiciones de las relaciones entre ambos países, advirtiendo que la decisión se debe entender como una clara señal para el Gobierno de Guatemala. Llamar a un Embajador a consultas se entiende como un serio enfriamiento de relaciones entre los Estados, por más que las autoridades de nuestro país le resten importancia a la decisión.
Lentamente la comunidad internacional está entendiendo la dimensión gravísima de la crisis provocada por la decisión del Gobierno de desobedecer de manera flagrante las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, especialmente las que tienen que ver con la lucha por la transparencia en el manejo de los recursos nacionales. Suecia da un primer paso que tendrá repercusiones y que puede producir un aislamiento que tenga efecto no sólo en el campo político sino también en el comercial. La ruta emprendida por el Gobierno de Guatemala, de absoluto desprecio a la opinión internacional, tenía que producir tarde o temprano consecuencias que ya empiezan a notarse, no sólo por la decisión de Suecia, sino en el serio llamado de atención que formuló el Departamento de Estado la semana anterior por el proyecto de ley que ofrece amnistía para los delitos graves cometidos durante nuestra guerra interna.
Suecia ha sido un país importante en nuestras relaciones diplomáticas y por la ayuda ofrecida a los guatemaltecos a lo largo de muchos años de intensa y fructífera cooperación. El enfriamiento de las relaciones tiene consecuencias y será tomado muy en cuenta por otros países, especialmente de la Unión Europea, donde se han encendido las alarmas por las decisiones que ha ido adoptando el Gobierno de Jimmy Morales.
La semana pasada estuvieron en el país congresistas y senadores de Estados Unidos que abordaron directamente el tema de los ataques al Estado de Derecho. Y es que la hoja de ruta que estamos siguiendo es un calco de la que se vivió en Venezuela y Nicaragua y eso no pasa inadvertido para quienes evalúan la situación en esta región del mundo.
Morales, empujado por poderosos sectores de poder económico y arropado por el resto de corruptos, ha desafiado a las instituciones violentando el Estado de Derecho que tanto se valora como elemento crucial de toda democracia. El objetivo de detener la lucha contra la corrupción y por la transparencia persigue que siga la fiesta del saqueo del erario para beneficio de unos pocos y eso preocupa a los países amigos.