Raúl Molina
No existe razón alguna de Estado para pretender dar amnistía a un grupúsculo de criminales y una banda de delincuentes y corruptos que quieren aprobar reformas a una ley que el Estado de Guatemala no puede aprobar, de conformidad con el derecho nacional e internacional. Este truco ilegítimo, inconstitucional e ilegal trataría de impedir el juicio de genocidas y criminales de lesa humanidad y dejaría en libertad a quienes se les ha encarcelado por crímenes, fraude, malversación o corrupción. Ni el Estado ni la sociedad obtienen beneficio alguno de cambiar la Ley de Reconciliación, que excluyó los crímenes de lesa humanidad de los delitos perdonables. Ha permitido que algunos responsables de los crímenes más horrendos durante el Conflicto Armado Interno hayan sido enjuiciados y condenados, si bien también ha retrasado la justicia, al punto de permitir que el principal responsable de genocidio muriera sin condena definitiva. Guatemala padece una violencia sistémica, que ha sido alimentada por un alto nivel de impunidad, la cual pasaría a ser total. La experiencia oscura con el actual gobierno se intensificaría con un marco de impunidad legalizada, lo que llevaría a mayores niveles de violencia y una corrupción más generalizada y profunda.
Se promovería inestabilidad e ingobernabilidad, que podría llevar a la explosión del movimiento social y de los cientos de miles de familiares de las víctimas. Por ello, llegan ya expresiones de preocupación de Estados Unidos, porque no quiere una rebelión en su patio trasero. Todos los que le apostaron a la paz firme y duradera saben que si la Ley tuvo que permitir procesos de reincorporación a la vida civil de los guerrilleros e inmunidades para oficiales y tropas, no podía, a la luz del derecho internacional, dar una amnistía por crímenes de lesa humanidad. No se puede hoy modificar antojadizamente, porque no le sirve ni al Estado ni a la sociedad; es un mecanismo de protección a un porcentaje pequeño de militares y minúsculo de la población. Pueden ocurrir motines en muchos territorios y en ciudades principales; se plantearán recursos de inconstitucionalidad; y, de continuar, se presionará a Jimmy a vetar el documento o salir del Gobierno. Sin duda, se votará en las elecciones contra los diputados, diputadas y fuerzas políticas que respalden las reformas. El efecto más importante a nivel nacional será contrario a la “amnesia” que se quiere provocar, ya que se ventilarán los casos de violencia cometidos por las fuerzas armadas y sus titiriteros civiles y extranjeros, recordando las atrocidades cometidas por el Estado. Tampoco la comunidad internacional se quedará indiferente a este retroceso en derechos humanos. Estemos seguros que actuarán de inmediato los organismos de derechos humanos de la ONU, incluida su Asamblea General, la Corte Penal Internacional, la CIDH y la Corte Interamericana de Justicia, la cual puede exigir la eliminación de las reformas a la Ley con base en el Pacto de San José. Diputados y diputadas pasarían a ser considerados criminales, en sentido estricto, sujetos a la jurisdicción universal y a extraterritorialidad.
