Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Se tiene que entender que la propuesta del llamado Foro Guatemala sobre acuerdos mínimos para encarar el futuro del país no era algo sencillo porque en el Foro hay al menos algunos actores que se han manifestado plenamente aliados al Pacto de Corruptos, defendiendo sus acciones y decisiones y aplaudiendo las arbitrariedades y desobediencias a la Corte de Constitucionalidad. Por lo tanto era imposible alcanzar un acuerdo en el que se planteara que cualquier listado de buenas intenciones es inalcanzable mientras mantengamos la actual estructura de corrupción e impunidad que ha hecho tanto daño al país y que tiene su cimiento en la cooptación del Estado que se realiza por la vía del financiamiento electoral.
La explicación peregrina que se dio ayer es que no quisieron abordar los temas coyunturales, como el retroceso brutal en la lucha contra la corrupción propiciado por el gobierno con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el rescate del control sobre el Ministerio Público, convertido en órgano de vigilancia en vez de ser promotor de la acción penal.
Coyuntural es, según el diccionario, toda combinación de factores y circunstancias que se presentan en un momento determinado. Es decir que son situaciones del momento, pero la cooptación del Estado, la corrupción y la impunidad no son vicios de este momento determinado sino que son problemas estructurales de nuestro sistema político que deben encararse con firmeza y determinación. Si los vemos como algo coyuntural y pasajero no podemos entender ni asimilar el enorme daño que ha causado a todo el país puesto que estamos dando a entender que, si acaso, surgió con el gobierno de Pérez Molina o con el de Portillo y que cesó cuando ambos gobiernos llegaron a su fin.
Las pruebas están a la vista gracias a los trabajos de investigación penal que se hicieron desde la CICIG para demostrar cómo es que por la vía del financiamiento se controla por completo a nuestras autoridades, fenómeno que viene prácticamente desde los albores del actual orden constitucional, porque ya en 1985 Ángel González marcó el camino para determinar cuánto poder se adquiere para preservar privilegios simplemente a cambio de una millonaria inversión en las campañas políticas. Y a partir de allí todo ha sido miel sobre hojuelas para todos los que se dedican a poner el pisto en época electoral.
Estamos frente a vicios estructurales que demandan la atención de todos los sectores de la sociedad. Que demandan asumir responsabilidades y aceptar los errores cometidos en el pasado a fin de que podamos cambiar. Pero como es obligado reconocer lo que ha ocurrido para emprender el cambio, los responsables prefieren que no se hable de esos temas y entonces encuentran una perogrullada como esa de afirmar que se trata de cuestiones coyunturales de las que no vale la pena ni hablar.
Nada de todo lo que propone el Foro Guatemala se ha hecho ni se hará por culpa del descalabro institucional causado por la corrupción estructural que sufrimos. Decir lo contrario es querer seguirnos viendo la cara de babosos.
