Jorge Morales Toj
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Recientemente el proyecto periodístico Ojoconmipisto.com publicó un informe con los salarios de varios alcaldes del departamento de Quiché. Llama la atención el aumento desmedido de recursos financieros destinados a garantizar los grandes lujos de los alcaldes municipales. Bajo los principios de autonomía municipal, muchos alcaldes, hacen y deshacen con los recursos del pueblo, priorizan la satisfacción de intereses personales en detrimento del bien común. Para ilustrar mi afirmación que en Quiché existen alcaldes ricos en municipios pobres veamos los siguientes dos casos.
En el caso de Chichicastenango el índice de pobreza es de 83% y pobreza extrema de 29%. El acalde Rosendo Salvador, es el jefe edil mejor pagado del departamento de Quiché. El funcionario recibe cada mes Q50 mil 482 y un ciudadano en extrema pobreza obtiene Q479.16 mensuales. Eso significa que una persona en extrema pobreza obtiene Q15.97 diarios para sobrevivir y el alcalde obtiene 1,682 diarios, las diferencias son abismales. Un ciudadano chichicasteco podría sobrevivir por nueve años con el salario mensual de su alcalde.
Otro caso interesante es Pedro Rolando Us Maldonado, alcalde de Uspantán, percibe Q35 mil 250 y un ciudadano en extrema pobreza Q479. En el municipio los índices de pobreza es 88% y los de extrema pobreza son del 37%. El acalde obtiene Q1,175 diarios, mientras que un ciudadano en extrema pobreza gana Q15.97. Uspantán es uno de los municipios con la peor infraestructura vial, con un alto índice de comunidades sin energía eléctrica. Un ciudadano uspanteco podría sobrevivir seis años con el salario mensual de su alcalde.
Según la Ojoconmipisto, “San Andrés Sajcabajá, Pachalum, San Pedro Jocopilas, Patzité y Santa Cruz del Quiché no enviaron datos de administraciones anteriores para hacer las comparaciones respectivas”. Hubiese sido interesante tener los datos reales de todas las municipalidades y seguir haciendo el ejercicio de los ingresos de los alcaldes municipales versus la extrema pobreza de su municipio.
Se interpreta en la nota periodística de Ojoconmipisto, que no todos los alcaldes dieron la información sobre sus sueldos, esta situación, en mi opinión puede contravenir la ley de acceso a la información pública e incluso pueden estar incurriendo en delitos, situación que deberá revisar y si es preciso la Procuraduría de los Derechos Humanos deberá proceder conforme a la ley.
La actitud de los alcalde municipales debe ser objeto de atención y fiscalización por parte de la toda la ciudadanía y especialmente por la Contraloría General de Cuentas. La Constitución Política de la República establece que: “El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación”.
Recientemente sale a luz pública, mediante una denuncia que presentó el exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa de la SAT en contra de la familia Arzú, que tiene cooptada la municipalidad de Guatemala. No cabe duda que las municipalidades de casi todo el país son cooptadas por las estructurales paralelas de corrupción e impunidad. Ojo con nuestro pisto, porque al final de cuentas, la autonomía que pregonan los alcaldes, no está exenta de la fiscalización y auditoría social.
