POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
La Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público planteó una solicitud de antejuicio en contra del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias por supuestamente haber ejercido presiones para que se contratara en el Hospital de Nebaj, Quiché, a un médico turnista que tenía impedimento legal para prestar servicios.
Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, se presentó esta mañana al Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial (OJ) para plantear el antejuicio contra el Ministro de Salud.
En declaraciones que dio a medios de comunicación, Campo explicó que el 6 de enero del 2018 Soto ejerció por vía telefónica presiones sobre la directora del Hospital de Nebaj, Miriam Yolanda Segura Rosales, para que contratara al médico Jorge Raymundo Mato, quien tenía un impedimento legal para prestar servicios profesionales porque una pariente suya laboraba en la misma unidad ejecutora, explicó el fiscal Campo.
El objetivo era obtener un “beneficio indebido”, según la Fiscalía, que se produciría por contratar a Mato, quien es hermano del alcalde municipal de dicha localidad.
Sin embargo, Segura Rosales no acató la instrucción del Ministro y, ante ello, se le notificó por medio de un acuerdo ministerial su destitución.
CONFUNDE A LA FISCALÍA
Al ser consultado por reporteros sobre la solicitud de antejuicio, Soto se confundió al creer que había sido la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) la que había planteado el antejuicio.
«No puede ser que investigadores de la FECI estén en ese tema con nosotros, como que es un tema ya trillado en Guatemala que esta gente esté fregando a la gente del Gobierno», dijo.
Reporteros lo corrigieron indicándole que no había sido la FECI la que planteó el antejuicio, sino la Fiscalía Contra la Corrupción, a lo cual respondió: “Bueno, la Fiscalía Contra la Corrupción, está bien ¿no es lo mismo pues? ¿O no es lo mismo? Ah, bueno si no es lo mismo, no es lo mismo, pero es la Fiscalía Contra la Corrupción”.
Soto dijo que él tiene la potestad de contratar y remover a las personas y aseguró que presentará sus pruebas de descargo para desvanecer las acusaciones. Además, se mostró molesto y se quejó de que los funcionarios «viven una tormenta política”.
«Uno está trabajando y la gente molestando tratando de quitarle el antejuicio a uno», fue otra de las declaraciones ofrecidas por Carlos Soto.
En las próximas semanas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir en una sesión plenaria si admite el trámite de antejuicio y, de ser así, lo trasladará al Congreso de la República, donde los diputados serán quienes decidan si finalmente retiran la inmunidad al Ministro.
