POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial trasladó al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal el antejuicio contra Sandra Torres, candidata a la Presidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y otros diputados de dicha agrupación política.
Ahora, el Juzgado se deberá inhibir de conocer los antejuicios y enviar los expedientes a la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente se decidirá si las denuncias son admitidas para trámite o no.
Además de Torres, también se planteó antejuicio contra los diputados Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey, Jorge Estuardo Vargas y Karina Paz Rosales, y contra los alcaldes Pedro Raymundo Cobo y Ángel Ren Guarcas.
Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la UNE para la campaña de 2015 obtuvo Q3 millones 458 mil 407 en financiamiento electoral ilícito y Q16 millones 73 mil 346 de fuentes anónimas.
Para esto, la UNE se valió de dos empresas, Maariv y Prohabsa, las cuales simularon relaciones comerciales o préstamos para ocultar los aportes recibidos por los donantes y el origen de recursos que provenían de actividades ilícitas.
