Por Denis Aguilar
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La Procuraduría de los Derechos Humanos anunció que realizará una serie de supervisiones en más de 300 centros educativos del país para determinar si se garantiza el derecho a la educación en el país, advirtiendo sobre la situación que enfrenta el sector educativo en Guatemala.
La Procuradora Adjunta, Claudia Maselli, indicó que al menos 657 mil 233 niñas y niñas no asisten a la escuela, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Entre otros datos de esa agencia de Naciones Unidas, se detalla que 204 mil 593 niñas y niños abandonan la escuela, lo cual es equivalente al 12 por ciento de estudiantes matriculados.
Según la institución, Guatemala es uno de los países que menos invierte en educación, pues solo destina el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra menor al promedio de 4.4 por ciento en América Latina.
Asimismo, en 2018 indican que unos 9 mil 753 centros educativos no recibieron el aporte de educación gratuita y que el Ministerio de Educación (Mineduc) adujo que se debió a la falta de presupuesto, huelgas ministeriales, limitaciones relacionadas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y su reglamento.
Según la PDH, en departamentos como Escuintla, Zacapa y Huehuetenango, el porcentaje de centros educativos sin aporte de gratuidad es de 60.2, 47.8 y 34.9 por ciento, respectivamente.
La PDH realizará las supervisiones junto a la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, la Nutrición, y la Educación (Alianmisar) en los meses de enero y febrero.
En dichas supervisiones se estará verificando la implementación en los centros educativos de los programas de apoyo impulsados por el Mineduc, así como establecer la cantidad de docentes que brindan educación bilingüe intercultural.
Asimismo, la PDH buscará constatar si se cumple o no con garantizar educación gratuita y con las estrategias de prevención por parte del Ministerio de Educación con el fin de evitar hechos de violencia e inseguridad en los centros educativos.
La accesibilidad en el transporte, las condiciones de la infraestructura escolar y las condiciones de inclusión y la no discriminación, serán otros de los puntos abordados durante las supervisiones.