Francisco Cáceres Barrios
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No solo los estados de cuenta de los bancos o los resultados financieros de cualquier negocio deben cuadrar, sino algo más serio y delicado como los datos del decomiso de cocaína que proporcionan las fuentes oficiales también deben coincidir, pero en Guatemala, como tantas cosas más, no coinciden mucho menos algo tan delicado e importante como las cifras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América viene publicando desde el 2016. Digo lo anterior, porque la semana pasada el matutino Prensa Libre publicó el contenido de una investigación realizada por ellos, en tres páginas de su diario.
Cuando terminé de leerlo, dije para mis adentros –¡esto es una bomba! Seguramente va a causar un gran revuelo y se va a armar tremenda discusión pero, como son las cosas en Guatemala y la costumbre de los chapines de ponerle más atención a los resultados de la liga de fútbol de un país extranjero que lo que está pasando enfrente de nuestras propias pestañas, pasó simplemente desapercibido y el clavo, el que vaya si no tiene varias pulgadas de largo, se ha tomado como lo más natural del mundo. Pero eso no debiera quedarse así, nuestras autoridades más pronto que tarde tendrán que aclarar la tremenda diferencia, como divulgar quién o quiénes resulten responsables y de sus consecuencias.
Efectivamente, no estamos hablando de unas cuantas onzas, libritas o kilogramos de cocaína, sino de toneladas de diferencia. Por favor estimado lector, sea usted mismo el que saque sus propias conclusiones: En el año 2015 los informes del Departamento de Estado norteamericano indican que se incautaron en Guatemala 7.25 toneladas en 9 meses, mientras la Policía Nacional Civil reporta 6.17 toneladas en todo el año. En el año 2016 los gringos reportaron 18.5 toneladas en todo el año y la PNC 12.8 en el mismo período y en el 2017 los primeros reportaron en 10 meses, 16 toneladas y la PNC en todo el año 13.6. ¿Las anteriores diferencias no le paran el pelo a cualquiera? No se requiere ser mal pensado para que cualquiera con dos dedos de frente se ande preguntando: ¿en dónde radica el mal cálculo o más todavía, quién o quiénes se embolsaron tan cuantiosa diferencia?
Muchas y diversas interrogantes podrán ser la causa de esta tremenda diferencia, fuera porque las incautaciones de droga que se realizan en aguas internacionales no se registraron en el país; algunas o varias operaciones erróneamente asentadas y sinnúmero de causas más pero, ¿el destape de la cuantiosa diferencia no ameritaba que nuestras autoridades se hubieran puesto “las pilas” como decimos corrientemente en Guatemala, para esclarecer la verdad e informar oportunamente? Como es sabido por todos, el Congreso de la República tiene asignadas constitucionalmente las funciones de fiscalización del Organismo Ejecutivo, ¿por qué entonces a estas alturas no ha designado una comisión de investigación sobre algo tan grave y delicado para el presente y el futuro de nuestro país?
