Javier Monterroso

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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con Maestría y estudios de postgrado en Derecho Constitucional, desde hace más de 15 años trabaja como consultor en materia de justicia penal, seguridad ciudadana e incidencia política para agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, catedrático universitario de grado y postgrado en la facultad de Derecho de la USAC, ex secretario privado del Ministerio Público de Guatemala.

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Javier Monterroso

Se han cumplido ya tres años de uno de los peores gobiernos de la historia de Guatemala, el de Jimmy Morales y el Frente de Convergencia Nacional (FCN). Cuando empezó ya sabíamos que el partido FCN estaba lleno de militares de línea dura provenientes de Avemilgua. También sabíamos que no existía un plan de gobierno, pues ni ellos creían tener oportunidades de ganar cuando comenzaron las elecciones. Y cuando conocimos a su equipo de gobierno, fue evidente que sus ministros no le eran fieles, ya que unos venían propuestos por la Embajada de los Estados Unidos y otros por el sector privado. Sin embargo, nunca pensamos que sería un gobierno tan nefasto.

Una gestión que comenzó con muchos problemas, funcionarios sin experiencia se toparon con cambios en la Ley de Contrataciones del Estado, que no les permitió ejecutar presupuesto. Licitaciones que se caían por falta de experiencia o miedo de los funcionarios, quienes no querían verse acusados en casos de corrupción como los que la CICIG destapaba cada jueves. Y durante el primer año de gobierno Jimmy hacía y decía todo lo que le decía el Embajador y la CICIG. Incluso apoyar la discusión de reformas constitucionales al Sector Justicia. Y por supuesto, todos recordamos cuando se presentó publicamente en la conferencia que daban el comisionado Iván Velásquez y la exfiscal general Thelma Aldana sobre el Caso Cooptación del Estado.

Pero durante su segundo año de gobierno todo cambió, fue en enero de 2017 cuando la CICIG y el MP acusaron al hermano y al hijo del Presidente de haber cometido un fraude en el Registro de la Propiedad, un delito menor, sin ganancia directa para ellos, nunca 90 mil quetzales en canastas navideñas nos han salido tan caras a todos los guatemaltecos. Las cosas se empezaron a poner tensas en el Gabinete de Gobierno, el Presidente cada vez más irrascible, cada vez más dependiente de la bebida, cada vez más cercado por los militares de línea dura y políticos corruptos. Luego la CICIG destapó el caso del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y el Presidente tuvo un ataque de pánico, pues sabía que iban a encontrar el financiamiento ilícito que Sinibaldi le había dado. En agosto de 2017 la CICIG y el MP presentan la acusación contra Morales por financiamiento electoral ilícito y comenzó la guerra. En septiembre Jimmy intentó declarar non grato a Iván Velásquez y a partir de ese momento todos los esfuerzos del Presidente han sido encaminados a sacar a la CICIG del país y lograr impunidad para él, su familia y amigos, pues todos están vinculados con casos de corrupción.

Por eso todo 2018 fue una guerra entre el gobierno y sus aliados contra la CICIG y el MP. Con el apoyo de la mayoría del Congreso y del sector privado logró sacar a Iván Velásquez de Guatemala. Y apenas iniciando 2019 intentó dar por terminado el Acuerdo con la ONU para la creación de la CICIG. Con eso ha logrado su primer objetivo: parar las investigaciones sobre corrupción. Con sus aliados ha intentado, aunque hasta ahora sin éxito, doblegar a la Corte de Constitucionalidad y sacar al Procurador de los Derechos Humanos, los últmos bastiones para lograr un control total del Estado. Afortunadamente le queda menos de un año de gobierno y en agosto ya habrá un Presidente electo, esperemos que Jimmy y sus aliados no terminen de destruir la frágil institucionalidad del Estado antes de eso.

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