Por Eder Juárez
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La Fiscal General Consuelo Porras dijo ayer que el personal asignado a CICIG había regresado a sus dependencias porque la Comisión se había retirado del país, sin mencionar la resolución de la CC que dejó en suspenso la decisión del Gobierno de dar por terminado el convenio con CICIG. Ante eso, analistas consideran que se convierte en un actor en contra del Estado de Derecho y que sus declaraciones desconciertan.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CES), indicó que cuando la Fiscal General no toma acciones por lo que están haciendo en contra de CICIG, la Fiscal no está actuando en el respeto del Estado de Derecho, entonces ella ahí se convierte en un actor, no en contra de CICIG sino en contra del Estado de Derecho.
«La Fiscal no puede excusarse o utilizar como paredón el tema de decir que no hay una denuncia o que no le han certificado lo conducente las Cortes. La desobediencia a una resolución de una Corte es un delito de oficio, no necesita de una denuncia», manifestó el jurista.
Por su lado, el abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, dijo que la Fiscal muchas veces es indescifrable, parece ser una persona muy influenciable, porque ella sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo y las declaraciones de ayer lo único que hacen es desconcertar.
