Ayer se aclaró el panorama en cuanto al papel que desempeña la fiscal general Consuelo Porras, quien con su declaración sobre el retiro del personal del Ministerio Público que colaboraba con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no deja lugar a dudas, sobre todo porque afirmó “Estamos al tanto de los acontecimientos. En el momento en que decide la Comisión retirarse por las situaciones que se estaban dando, pues automáticamente todo el recurso humano de cada una de las instituciones que estábamos prestando colaboración para la CICIG fueron reintegrados a sus dependencias correspondientes”.
Sucede que la Comisión no decide retirarse sino es expulsada del país por una decisión del Presidente, pero lo más serio y grave es que esa decisión fue ya revocada por la Corte de Constitucionalidad y debiera ser el Ministerio Público la primera institución en acatar el fallo de la CC. En cambio, la Fiscal General dice que la CICIG decidió retirarse, como si hubiera sido un capricho.
En otras palabras, la titular del Ministerio Público pasó de la actitud vigilante a la de clara y definida actitud de sometimiento a la acción ilegal emprendida por el Presidente que la nombró. El tema es muy claro pues la doctora en Derecho Consuelo Porras está confirmando ya sin lugar a duda, que su lealtad es al señor Morales y no a la Constitución ni al Estado de Derecho en el país, pues si su compromiso fuera con la legalidad, tendría que estar el Ministerio Público iniciando las acciones penales por desobediencia a las resoluciones judiciales, en vez de sumarse al Pacto de Corruptos que las ignora.
Ayer se supo que la misma Fiscalía Especial Contra la Impunidad se vio afectada por el retiro de investigadores lo que nos confirma que la lucha contra la impunidad en Guatemala llegó a su fin por la disposición arbitraria e ilegal del Gobierno que, ahora se confirma sin lugar a dudas, es avalada por la misma jefa del Ministerio Público y Fiscal General de la República.
De nada sirven ya los palanganeos que se dieron a lo largo de estos meses en los que a cada situación de crisis se producía una declaración de la Fiscal Porras afirmando que el Ministerio Público estaba en actitud vigilante que nunca pasó a más, salvo en el incidente en el aeropuerto La Aurora cuando la actitud de un Fiscal marcó la diferencia. Pero con todo y lo decepcionante que era esa eterna vigilancia, era mejor que la clara y absoluta definición que coloca al MP como jugador del Pacto.
