Tras muchísimos años de observar la continua violación del Estado de Derecho, ayer buena parte de la comunidad internacional decidió reconocer al nuevo autoproclamado presidente de Venezuela, desconociendo así al régimen de Nicolás Maduro responsable de abusos y decisiones contrarias no sólo al orden legal, sino al respeto a las instituciones democráticas de su país, tal y como está aconteciendo en Guatemala donde se trata de afianzar una especie de dictadura perfecta que no responde a una sola persona sino al conglomerado de los que se benefician de la corrupción que empobrece al país.
Guatemala se suma al conjunto de países que desconoció a Maduro y ha reconocido al nuevo gobierno. Difícil encajar esa decisión con los lloriqueos que se hacen desde el Ejecutivo y sus aliados con respecto al tema de la soberanía absoluta, propia de los nuevos nacionalismos basados en fundamentalismos religiosos, pero hay que entender que no pueden abandonar su política de imitar todo lo que haga o diga el presidente Trump de los Estados Unidos porque, con todo y los argumentos “soberanos”, dependen de esa palanca para seguir avanzando en la destrucción del Estado de Derecho.
Venezuela no se convirtió en lo que ahora es de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual de creciente irrespeto a la legalidad y al orden jurídico interno. Se desconocieron autoridades legítimamente constituidas y se reprimió la libre expresión del pensamiento como ruta hacia el establecimiento de la dictadura que inició Hugo Chávez en un libreto que fue mantenido al pie de la letra por Maduro. Las resoluciones judiciales que no le gustaban al gobierno eran simplemente ignoradas con la mayor desfachatez en una actitud que ya estamos viendo en vivo y a todo color aquí en Guatemala.
No deja de ser paradoja que el gobierno de Estados Unidos, que ahora encabeza la acción para desconocer a Maduro, sea el puntal que permite la ofensiva contra el Estado de Derecho en Guatemala y que con esa doble moral tan propia de la política, condene lo que ocurre en un lado mientras alienta a quienes en otra latitud hacen exactamente lo mismo.
En Guatemala avanza la consolidación de la Dictadura de la Corrupción, aunque ayer, en una firme resolución apegada a derecho, la Corte de Constitucionalidad haya frenado el intento que hay para descabezarla. Pero dado el irrespeto que hay a sus resoluciones, falta ver qué hace el Congreso ante la decisión de suspender el antejuicio a los tres magistrados en lo que es una dura prueba para la institucionalidad.
