Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Oscar Clemente Marroquín
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Ayer, por unanimidad, la Corte de Constitucionalidad resolvió otorgar Amparo a la solicitud para detener el proceso de antejuicio planteado por los autonombrados Dignatarios de la Nación, iniciando un nuevo capítulo en este prolongado estira y encoje que venimos presenciando respecto al mantenimiento del Estado de Derecho en el país, tarea que está precisamente encomendada por la misma Constitución a la CC que debe actuar cuando se encuentre en peligro el régimen de legalidad.

La unanimidad en el fallo es de suma importancia porque no deja el menor lugar a duda respecto a la solidez del mismo y de los razonamientos que en abundancia hicieron quienes integraron el alto tribunal para conocer de la solicitud de amparo. Y la lectura del mismo es ilustrativa no sólo por la contundente cita de leyes que se hace, sino también por los razonamientos jurídicos y el análisis de la jurisprudencia que existe respecto a la aplicación de la norma que consigna con meridiana claridad que los magistrados no pueden ser perseguidos por las opiniones que sustenten en el ejercicio de sus cargos.

Ni siquiera ante la aberrante resolución que permitió la inscripción como candidato presidencial de Efraín Ríos Montt, pese a la expresa y contundente prohibición en su contra, se intentó siquiera denunciar a los magistrados que en verdadero fraude de ley se pasaron por el arco del triunfo lo dispuesto por la Constitución de la República, situación muy distinta a la que ahora vivimos cuando la Corte se ha significado por asegurar el respeto al Estado de Derecho sobre la base de que nadie es superior a la ley y que por mucho que el Presidente tenga la facultad de dirigir la política exterior, eso no constituye un cheque en blanco para que haga cualquier berrinche sino que todos sus actos tienen que estar fundamentados en nuestra propia legislación y en aquellos compromisos internacionales asumidos por Guatemala.

Por supuesto que no se puede cantar victoria con el fallo dictado ayer por unanimidad porque la ofensiva de los corruptos no se va a detener tan fácilmente y ya sabemos que usarán cualquier artimaña para persistir en su propósito de descabezar a la Corte que les ha frenado los desmanes. Por ello hablo de un estira y encoje que seguramente tratarán de prolongar hasta el final del mandato o, por lo menos, hasta las elecciones en las que no se debe descartar la mano de mono porque la fragilidad misma de las instituciones facilita la maniobra para manipular los resultados y todo el proceso tendrá momentos críticos, empezando por casi seguras limitaciones al derecho de participar.

La peculiar conformación que tuvo ayer el pleno de magistrados de la CC es importante porque se va viendo cada vez más que la única voz que queda favoreciendo cualquier barrabasada que haga el Gobierno y el Pacto de los Corruptos es la de la actual Presidenta de la CC que hace micos y pericos para boicotear a sus colegas y obstaculizar cualquier resolución que pretenda rescatar la legalidad.

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