Jorge Morales Toj
jorgemoralestoj@gmail.com
Conciudadanos,
Nosotros, los suscritos, ciudadanos y abogados guatemaltecos, compelidos por la gravedad de las circunstancias de la vida nacional, manifestamos lo siguiente:
• En el régimen jurídico y político de Guatemala, la Constitución es la norma suprema y todos los poderes del Estado están sujetos a sus disposiciones;
• Para su interpretación y aplicación, sus propias normas han estatuido la Corte de Constitucionalidad, como tribunal permanente con independencia de los demás organismos del Estado;
• La independencia de un tribunal de justicia depende de la libertad con que sus integrantes cuenten para plasmar sus opiniones en las resoluciones que pronuncien;
• Por ello, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ley de rango constitucional, establece que los magistrados que la integran no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo;
• En esos términos, la denuncia promovida por algunos integrantes de la “Asociación de Dignatarios de la Nación”, constituye una persecución ilegal en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad;
• Por el mero hecho de darle trámite a una denuncia antijurídica, la mayoría de integrantes de la Corte Suprema de Justicia ha contribuido a debilitar el Estado de Derecho y sus propias funciones;
• El Congreso de la República tiene el deber de detener el trámite de una denuncia antijurídica que atenta contra los más elementales presupuestos de la independencia, ordenada por la Constitución, de la Corte de Constitucionalidad;
• El Estado de Derecho se edifica cuando los poderes públicos se someten a las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución y no, como en este caso, cuando lo persiguen penalmente por sus opiniones;
• De continuar el Congreso con un atropello en contra de la independencia de la Corte de Constitucionalidad, se fuerza a sus miembros, para cumplir con el deber de defender el orden constitucional, facultados por el Artículo 170 de la Ley de Amparo, Exhibición y de Constitucionalidad, a tomar las medidas necesarias.
Ciudad de Guatemala, enero de 2019.
Eduardo Mayora, exdecano de la facultad de Derecho de la UFM.
Gabriel Orellana, excanciller de la República.
Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Mauro Chacón, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Jorge Mario García Laguardia, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Como ciudadano y como abogado, respaldo totalmente el contenido del manifiesto publicado en redes sociales por los destacados juristas guatemaltecos. Con claridad y contundencia los prestigiosos y connotados maestros ponen en relieve la grave situación que enfrenta nuestro país.
Solo queda decir, hoy más que nunca, la ciudadanía está llamada a defender el orden constitucional y defender nuestras instituciones de justicia que velan por el Estado de Derecho.
En cumplimiento del artículo 135 constitucional, son derechos y deberes de los guatemaltecos, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Hoy la patria demanda a todas y todos los ciudadanos ponernos del lado de la legalidad y defender el Estado de Derecho.
