POR MARIELA CASTAÑÓN
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El pasado 14 de enero, el presidente Jimmy Morales presentó su tercer informe de Gobierno y destacó lo que a su consideración, han sido los logros en materia de seguridad ciudadana, entre los cuales resaltó: la reducción de homicidios, de delitos contra el patrimonio y el incremento de la fuerza policial, sin embargo, no mencionó la desmantelación que ha hecho su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, de la Policía Nacional Civil (PNC); el estancamiento del Modelo de Gestión Penitenciaria; el uso de agentes policiales para infiltrarse en actividades que no son de su competencia; la cuestionada administración en Migración, entre otros temas.
Morales resaltó en su tercer informe la reducción de delitos contra la vida y contra el patrimonio; reiteró que se “alcanzó una meta histórica” de 22.48 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual no se había registrado en el país desde hacía más de 10 años.
El Presidente también indicó que lo mismo ocurrió con los delitos contra el patrimonio, porque la meta era disminuir en 9 puntos porcentuales para el año 2019, pero a finales de 2018 se bajó considerablemente.
Además, el mandatario resaltó el incremento de la fuerza policial a casi 40 mil miembros. Por otro lado, agradeció el acompañamiento del Ejército en las tareas de seguridad ciudadana y la incautación de droga que según él, ha sido más que en los dos gobiernos anteriores.
Sin embargo, Morales omitió pronunciarse por el desmantelamiento que hizo Degenhart en la PNC, pues desde que asumió realizó más de 320 ascensos irregulares y “removió” a decenas de policías, a pesar de que “la remoción” no es una causa de baja en la Ley de la PNC.
En agosto, del año pasado, el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS) destacó la crisis institucional por la que atravesaba la PNC, producto del proceso sistemático de desmantelamiento instaurado por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
En el informe del FOSS se indicó sobre la destitución de mandos de la excúpula policial y luego la desmantelación de subdirectores que fueron profesionalizados con el apoyo de la cooperación internacional.
“El haber obtenido, gracias a la formación profesional e inversión de cooperación, una eficiencia notable en materia de investigación criminal, la cual fue clave para apoyar al Ministerio Público (MP) y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su éxito en lograr que varias cabezas de esas estructuras paralelas y cómplices de la cooptación del Estado quedaran al descubierto, hizo que la PNC se convirtiera en el enemigo de los corruptos, y de ahí, la necesidad de destruir su capacidad de investigación y su profesionalización”, refirió el FOSS.
David Martínez-Amador, investigador y profesor universitario, asociado a la red internacional de investigadores sociales Insumisos con sede en México, explicó que el impacto en los ascensos y remociones en la PNC representan un riesgo y abre la puerta a un retroceso.
“Todo el esfuerzo puesto en el larguísimo proceso de la reforma y empoderamiento de la PNC se vienen abajo. Los logros (por escasos que pudieran ser, que no lo son) se revierten. La institución no sólo corre el riesgo de paralizarse, sino que se abre la puerta para retroceder. Indirectamente pareciera que la intención es debilitarla”, destacó.
SIN AVANCES EN EL SP
Por otro lado, se ha cuestionado la falta de continuidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, el cual inició con la administración del exministro de Gobernación, Francisco Rivas, pero tras el nombramiento de Enrique Degenhart como titular de la cartera de Seguridad, no se conoció más información.
Desde hace varias semanas La Hora ha intentado obtener una entrevista con Camilo Gilberto Morales, actual director del Sistema Penitenciario (SP), pero no se ha logrado obtener el espacio.
En tanto, la investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Corinne Dedik, ha reiterado que existen tres prioridades a atender de forma urgente en el sistema carcelario: la inversión en infraestructura carcelaria, la depuración al personal operativo y la continuidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que se quedó estancado.
Rudy Esquivel, vocero del SP, por su parte indicó que se ha dado continuidad al proyecto en la cárcel para mujeres ubicada en Fraijanes, ahí continúan las actividades de rehabilitación de cero ocio y la capacitación del personal.
Según Esquivel, cada administración ha sido respetuosa del programa que se ha generado en este tema a mediano y largo plazo; las autoridades continúan con los proyectos de forma interna, aunque reconoce que no se han hecho públicos.
De acuerdo con Martínez-Amador, “Pensar que en Guatemala hay interés en reformar el Sistema Penitenciario es pecar de ilusos. El Sistema Penitenciario es un negocio redondo; todo tiene un precio y el dinero generado toca muchas manos dentro y fuera del mismo sistema”.
POLICÍA INFILTRADA
La Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) también es otra de las instituciones que está bajo la administración del Mingob y en septiembre del año pasado se conoció que una policía que se infiltró en la Corte de Constitucionalidad (CC) para tomar fotografías a periodistas pertenecía a la División de Información Policial (DIP), la cual trabaja con la Digici.
En aquella ocasión, la Digici no se pronunció por este hecho, pero la DIP sí admitió que la policía infiltrada pertenecía a esta instancia, aunque no quiso pronunciarse por la labor que realiza en conjunto con la Digici.
Para Martínez-Amador, con este hecho, “Los viejos vicios que representaban a la extinta Policía Nacional están de vuelta. Se terminó la noción de un cuerpo de policía profesional, con ética de servicio, compromiso comunitario y ante todo visión de derechos humanos. Se tiene de vuelta un cuerpo de control en uso de mecanismos que carecen de legitimidad”.
CUESTIONADA ADMINISTRACIÓN DE MIGRACIÓN
El pasado 5 de enero, trabajadores de Migración no permitieron el ingreso del investigador de la CICIG, Yilen Osorio, a pesar de que existía una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) que autorizaba la entrada.
El MP actuó para que Osorio entrara e instruyó a policías para detener a dos trabajadores de Migración, fue de esta forma como Osorio pudo ingresar al país, pero días después volvió a salir, tras el anuncio del Ejecutivo que daba por terminado el acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU). El mandato de la CICIG debía concluir en septiembre de este año.
Enrique Degenhart dijo en una entrevista a Noti7, días después, que estaba molesto por la detención de los empleados, quienes solo cumplieron con su trabajo al no permitir el ingreso de Osorio, que carecía de una visa de cortesía.
Según el profesor David Martínez Amador, “si Guatemala fuese una democracia consolidada como Costa Rica, Uruguay o Suecia, toda la institucionalidad se movería al ritmo que sienta la instancia máxima de justicia. No habría lugar para estos desplantes. A todos debe preocupar el desacato del Ejecutivo, el cual se expresa en las acciones de Gobernación, PNC, Migración etc.”.
PRESTADORES DE SEGURIDAD PRIVADA
Los prestadores de seguridad privada también juegan un rol específico en la seguridad ciudadana, en el informe de Gobierno de Morales no fue un tema abordado.
De acuerdo con la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), actualmente hay 191 prestadores de seguridad privada de los cuales 151 están adecuados a la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus Reglamentos, pero 40 aún están en proceso de adecuación.
También se intentó obtener el dato exacto de los guardias privados acreditados, pero al cierre de esta nota se informó que era alrededor de 26 mil 820 policías ya habían cumplido con ese requisito, aunque la estadística se estimaba sobre un promedio de más de 46 mil guardias.
SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS, NO PARA CIUDADANOS
A partir del año 2015, cuando surgieron las manifestaciones ciudadanas se observó a agentes de la PNC respetuosos de la ciudadanía. Tras la llegada de Degenhart se ha observado miles de agentes para el cuidado y resguardo de diputados y funcionarios de Gobierno y no para la población, lo cual ha provocado críticas.
A Martínez-Amador, se le planteó la pregunta si ¿Se retrocede cuando se utiliza a la fuerza policial para intimidar a la población y no para que le brinde seguridad? A lo que respondió:
“Lo que debe be preocupar es, ¿Qué protocolos van a seguirse en caso de futuras de expresiones populares que pudieran ser más incisivas que las vistas hasta ahora? En una democracia real, los protocolos establecen que la fuerza es el último recurso. Y esto es lo que debería ser una constante en la formación y accionar de cualquier cartera de gobernación así cómo cuerpo de policía”.
MINGOB NO RESPONDE
La Hora planteó preguntas relacionadas con los temas antes descritos, para conocer la postura del Mingob, pero al cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta, a pesar de la insistencia.
“Todo el esfuerzo puesto en el larguísimo proceso de la reforma y empoderamiento de la PNC se vienen abajo”.
David Martínez-Amador, investigador y profesor universitario.
“Su éxito en lograr que varias cabezas de esas estructuras paralelas y cómplices de la cooptación del Estado quedaran al descubierto, hizo que la PNC se convirtiera en el enemigo de los corruptos, y de ahí, la necesidad de destruir su capacidad de investigación y su profesionalización”.
Informe del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad.
