Arlena Cifuentes
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El día viernes 19 de enero la Fiscalía contra la Corrupción realizó un operativo cuyo objetivo era hacer efectivas 16 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios, exfuncionarios y miembros del Sindicato de Salud que intervinieron en el proceso de suscripción del Pacto Colectivo entre ese Ministerio y el Sindicato de Trabajadores en agosto del 2013, el cual fue realizado en un lapso de apenas diez días. Lo que enardece es la impunidad con la que estos sinvergüenzas han venido actuando a lo largo de las últimas décadas, seguros de que jamás serían procesados por la comisión de estos y otros delitos. Se recetaron un adenda fuera de lo establecido, excediéndose en sus funciones únicamente para su beneficio personal con el objeto de otorgarse un aumento de viáticos; así como sustrajeron 14 millones de quetzales bajo el argumento de realizar el pago de honorarios profesionales a un abogado que no tenía contrato alguno y por servicios que nunca realizó. El Sindicato en mención es cómplice y beneficiario, desnaturalizándose así el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Es indignante la manera en que sustrajeron esta suma millonaria del presupuesto de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Pregunto, ¿por qué en el 2015 el ministro Monterroso cuando denunció el hecho no dejó sin efecto el adenda suscrito de aumento de viáticos? A quién se le deducen responsabilidades por los cientos de muertes que seguramente se sucedieron como consecuencia del desabastecimiento de medicamentos, alimentos, equipo y muchos otros. He aquí la respuesta del porqué no ha existido ni presupuesto ni la intención para mejorar los salarios de los profesionales de la salud.
Por otra parte, tanto el actual Ministro como quienes le han precedido no pueden desconocer los desmanes que ocurren en la Cartera a su cargo, gozando de los beneficios que de manera irregular han venido recibiendo por concepto de viáticos. La investigación del Ministerio Público debe llegar al fondo de este desfalco, así como de todos los negocios y desmanes que por décadas se siguen sucediendo a lo interno. Debe también deducirse las responsabilidades correspondientes al Ministerio de Trabajo.
En relación a la llamada Dignificación Salarial del Gremio Médico, la semana pasada la Asamblea de Profesionales de la Salud denunció que el Ministro pretende incumplir el acuerdo sobre la dignificación salarial alcanzado en diciembre de 2018, para lo cual el Congreso aprobó el monto de Q601 millones, los cuales servirán para realizar el reajuste de sueldos. A inicios de la segunda semana de enero del presente año los médicos recibieron una propuesta de incremento salarial que no corresponde a lo acordado en el mes de diciembre, por lo que el día 16 de enero sostuvieron una reunión con una delegada del Ministro. Éste irrespetando por completo lo acordado les hace una propuesta de incremento salarial fuera de lo establecido. Recientemente dio a conocer en un comunicado lo siguiente “deberá elaborar un estudio técnico de clasificación de puestos y salarios”, así mismo dice que “este proceso podría tardar más de un año por lo que hemos encontrado una alternativa de clasificación por especialidades”, lo cual se realizará en el lapso de tres meses. En lo personal percibo una falta de voluntad política para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado el año pasado.
La coyuntura actual no favorece para nada las posturas dilatorias y de manipulación que Soto pretende poner en práctica en relación a hacer efectiva la dignificación salarial del gremio médico. En manos de los médicos que atienden a la mayoría de la población más necesitada está exigir el cumplimiento de lo acordado en relación a su dignificación salarial. ¿Cuántas muertes? me pregunto recaen sobre su conciencia, si es que la tienen, Ministros, Viceministros, personal administrativo y Sindicato.
