Por Redacción La Hora
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Los congresistas Norma Torres, Jim McGovern y 45 colegas pidieron al presidente Donald Trump aplicar la Ley Magnitsky contra funcionarios corruptos en Guatemala y tomar otras acciones en respuesta al deterioro del Estado de Derecho, acciones que su administración ha tomado en Venezuela y Nicaragua.
Según informó Torres en un comunicado de prensa, junto al congresista Jim McGovern lideraron al grupo de 45 congresistas para pedir al Presidente tomar fuertes acciones ante las violaciones del gobierno de Guatemala al Estado de Derecho, entre estas aplicar la Ley Magnitsky y la suspensión de la ayuda a Guatemala.
En la misiva, los congresistas señalan que el gobierno guatemalteco ha tomado una serie de acciones que han socavado el Estado de Derecho en Guatemala. Según indicaron, estas acciones ponen en riesgo el progreso realizado por medio de la estrategia de Relacionamiento de Estados Unidos en Centroamérica, que conlleva una inversión estadounidense de varios años dirigida a mejorar la gobernanza, la seguridad y la prosperidad, financiada con apoyo bipartidista.
Los congresistas manifestaron su preocupación de que ante la ausencia de una fuerte respuesta de Estados Unidos, el patrón de comportamiento antidemocrático del actual gobierno de Morales continúe escalando hasta descender en una anarquía.
Entre estas acciones, mencionan el uso de jeeps J8 donados por el gobierno estadounidense que fueron vistos frente a la Embajada de Estados Unidos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, con agentes armados, el día en que el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Comisión.
En la misiva señalaron que la débil respuesta a esta provocación ha envalentonado al gobierno de Morales y sus aliados, que enfrentan numerosas investigaciones por corrupción. El pasado 5 de enero, el gobierno desobedeció a la CC al prohibir el ingreso del investigador de la CICIG, Yilen Osorio y el 7 de enero el Gobierno dio por terminado el Acuerdo que da vida a la CICIG, expusieron.
Según los congresistas, estas acciones amenazan con perturbar el orden constitucional en Guatemala, debilitando la confianza de inversores y la capacidad del sistema de justicia de hacer frente al crimen organizado, al tráfico humano y el narcotráfico, al tiempo que ponen en riesgo a organizaciones y defensores de derechos humanos que han trabajado en contra de la impunidad y la corrupción.
Es por ello que piden al gobierno de Trump condenar el desprecio del gobierno guatemalteco por el Estado de Derecho, suspender la asistencia a Guatemala y transferencia de equipos, aplicar la Ley Magnitsky a funcionarios corruptos, así como apoyar enérgica y públicamente a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en todo el país en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
“Su administración, con apoyo bipartidista del Congreso, ha tomado acciones significantes en respuesta al deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua y Venezuela. Por el bien de la gente de Guatemala y de los intereses de Estados Unidos, es imperativo que aplique los mismos estándares a la relación de Estados Unidos con Guatemala”, puntualizaron.
