Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Algunos de los que resultaron descubiertos por investigaciones que realizó la CICIG en su amplia batida contra la corrupción promueven diferentes instancias de diálogo para lograr un borrón y cuenta nueva, tratando de que se olvide todo lo que hizo la Comisión y el resultado de su trabajo, para que Guatemala pueda volver a ser el país que siempre ha sido, es decir donde la ley es para la plebe,- pero nunca para quienes forman parte de alguna de las élites y eso es lo que nos ha llevado a la crítica coyuntura actual porque no existe el menor interés en admitir nada, mucho menos existe un propósito de enmienda y de reparación de los daños causados porque lo único que se busca es que no exista, ni por asomo, algún resabio de condena para nadie que, por posición o alcurnia, siente que está por encima de la justicia.
La gente olvidó ya que se tramitó una ley de Aceptación de Cargos que favorecía a quienes se acogiera a ella con reducciones de las penas y hasta la suspensión de las condenas con tal de que los implicados tuvieran la entereza de aceptar los cargos en su contra y comprometerse a no volver a incurrir en los mismos delitos. Y la misma fue tergiversada porque en el fondo aquí enfrentamos a un poderoso sector que no está dispuesto a aceptar nada. Los que en un momento de responsabilidad ciudadana lo hicieron se desdijeron inmediatamente y objetaron en los tribunales la acusación que ya habían reconocido como válida por su fundamento en investigaciones objetivas que realizaron tanto el Ministerio Público como en la Comisión Contra la Impunidad.
La aceptación de cargos es diferente al borrón y cuenta nueva porque implica y significa un compromiso para enmendarse y no volver a incurrir en las mismas situaciones que fundamentaron los cargos. Lo importante en el momento actual es que entendamos el nivel de la podredumbre que quedó al descubierto con las investigaciones sobre corrupción y el efecto que ello ha tenido en el país por la manera en que se pervirtió por completo al Estado. Porque no es simplemente que se haya cooptado al Estado, lo cual ya es de suma gravedad, sino que se le pervirtió porque abandonó sus fines naturales y esenciales para ponerse no al servicio del bien común, como manda nuestra Constitución, sino de los intereses de aquellos que por la vía del financiamiento electoral fueron de manera consistente perpetrando esa cooptación en busca de privilegios o de mantener e incrementar los que ya existían.
Guatemala entera intuía la existencia de esa apabullante corrupción pero la misma quedó demostrada, fuera de toda duda, gracias a lo que ocurrió desde el año 2015 cuando se empezaron a producir los resultados de las investigaciones realizadas por la CICIG luego de comprobar que los aparatos clandestinos habían mutado para convertirse en aparatos de corrupción.
Aceptar con madurez la realidad es algo que muchos no están dispuestos a hacer, aunque como consecuencia del empecinamiento se destruya la institucionalidad del país y se comprometa más el ya raquítico modelo democrático.
