A casi ocho meses de María Consuelo Porras, Asies e Ipnusac comentan

POR REDACCIÓN LA HORA
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El próximo 17 de enero, la fiscal general, María Consuelo Porras cumple ocho meses de gestión en el Ministerio Público (MP), tiempo en el cual, según analistas consultados, ha demostrado su intención de continuar desarticulando bandas dedicadas a diferentes delitos y la expansión del ente investigador.

Por otro lado, en los últimos meses Porras ha mantenido una actitud que ella ha descrito como “vigilante” en temas de coyuntura nacional pero, según uno de los analistas esto cambió el pasado domingo cuando dio cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se permitiera el ingreso al país del investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Yilen Osorio, decisión que le valió que una agencia fiscal que funcionaba en el aeropuerto fuera sacada de ahí, aunque Migración ya reculó al respecto.

La Hora buscó una entrevista con Porras para conocer de su propia voz los avances y desafíos que ha enfrentado en su administración, sin embargo, Julia Barrera, portavoz del MP, informó que la Fiscal General brindaría una conferencia de prensa próximamente donde daría a conocer a todos los medios de comunicación esa información.

Desde que Porras asumió como Fiscal General dijo que estaba “vigilante” ante las acciones del Gobierno en contra de la CICIG, además, ha dicho que es “una mujer de derecho” y que actuará cuando sus funciones legales se lo demanden.

El pasado 6 de enero cuando ordenó a sus fiscales dar cumplimiento a la resolución de la CC, que permitía el ingreso al país del investigador de la CICIG y a quien Migración no le permitía entrar, las cosas cambiaron.

Esta situación provocó la captura de dos trabajadores de Migración y días después la finalización de un convenio de cooperación interinstitucional entre el MP y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

El pasado 11 de enero, el MP anunció que presentaría un amparo en contra de la decisión de la DGAC por dar por terminado unilateralmente el convenio a través del cual se instaló una unidad especial del MP en el aeropuerto.

Ayer por la tarde, en un comunicado se anunció la instalación de una mesa técnica para abordar el asunto y la no expulsión de la unidad del aeropuerto.

ALLANAMIENTOS, CASOS Y DETENCIONES

Por otro lado, de parte del ente investigador se compartieron datos generales de operativos, allanamientos, capturas y desarticulación de bandas dedicadas a trata de personas, extorsiones, secuestros, corrupción, entre otros. La información data del 18 de junio de 2018 al 3 de enero de 2019.

En ese período el MP da cuenta de la realización de al menos 42 acciones contra estructuras criminales, entre ellas, allanamientos, capturas e incautaciones de ilícitos como armamentos, entre otros.

Según datos elaborados por La Hora con base en el informe enviado por el MP, durante los primeros meses de gestión de la Fiscal General, de los allanamientos y casos presentados por el ente investigador, seis tienen relación al delito de la trata de personas, igual número contra la extorsión; cinco contra estructuras del narcotráfico e igual cantidad de casos operativizados en conjunto con la CICIG.

Además, han realizado acciones en cuatro casos relacionados a asesinatos, tres por asaltos, dos contra corrupción y dos por allanamientos ilegales. En cuanto a secuestros, robos y tráfico de armamento ilegal, el MP únicamente reporta un caso por cada delito.

Uno de los casos que destaca es el del 18 de junio del año pasado, cuando la Unidad contra la Pornografía Infantil de la Fiscalía contra la Trata de Personas realizó trece allanamientos en los departamentos de Huehuetenango y Guatemala. El procedimiento fue parte del operativo Alerta América, el cual también se realizó de forma simultánea en Argentina, Paraguay y El Salvador.

El 11 de junio de 2018, la Fiscalía contra la Trata de Personas informó de dieciséis capturas, entre dueños y encargados de los negocios, quienes, habrían incurrido en delitos de trata de personas en su modalidad de explotación laboral y delitos de empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad.

El 14 de agosto del año pasado, el ente investigador y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala efectuaron diez diligencias de allanamientos y trece órdenes de captura. La pesquisa estaba relacionada con una investigación en curso por el caso Construcción y Corrupción.

El 3 de octubre pasado, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión desarticuló diferentes estructuras criminales relacionadas a la extorsión y coordinó la captura de 34 presuntos pandilleros.

CONTINUIDAD Y EXPANSIÓN

Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), indicó que Porras ha mantenido la línea de la exfiscal general Thelma Aldana, de expandir la presencia del MP en municipios del país donde no estaba.

“Es buena señal, el problema no es de ella, sino del Estado, es que el presupuesto sigue castigado. Al paso que va el MP dentro de diez quince años -tendría- que tener presencia en todo el país -pero si es insuficiente- no puede perseguir el delito”, indicó Celada.

Por otro lado, Gustavo García, investigador del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), destacó que los primeros meses de gestión de Porras se pueden calificar como un “conocimiento del terreno”, lo que significa que tenía que evaluar lo que recibió, conocer los procesos a fondo, las tareas y obligaciones de todo el personal en la práctica y eso implica la inversión de un determinado periodo de tiempo.

De acuerdo con García, después de este análisis la ciudadanía ha apreciado que el trabajo del MP continúa.

DISTINTAS FORMAS DE ACTUAR

García agregó que cada fiscal es distinta y gestionará la dirección de la institución como lo considere, en el caso de Porras es diferente a como trabajaba su antecesora.

“Ha llamado la atención que el estilo de la anterior fiscal -Thelma Aldana- era diferente al de la actual –María Porras- nos parece una situación relativamente normal, porque cada una gestionará la dirección de la institución de acuerdo como lo considere más conveniente. Destacaba en la fiscal anterior sus conferencias de prensa, que en esta gestión no ha sido tanto el estilo, sino que lo ha hecho por comunicados, ante los diferentes hechos de la vida nacional relacionado con el trabajo que el MP debe realizar, No es tanto una figura mediática, sino que se pronuncia por comunicados, lo cual es una forma diferente de hacer el trabajo”, indicó García.

Celada en tanto, se refirió a la forma como la fiscal Porras ha sido cuestionada, pero enfatizó en que cada persona tiene sus tiempos y formas de actuar; la semana pasada, en el incidente donde no se permitía el ingreso a un investigador de la CICIG, ella demostró de lo que es capaz.

“Ella ha sido criticada por distintos actores u observadores por lo que ella llama mantenerse vigilante, algunos han manejado ese concepto con ironía para criticarla por lo que consideran lentitud, pero uno tendría que entender que cada funcionario tiene su propio ritmo de atender las cosas, se puso a prueba con los incidentes de hace unos días en el aeropuerto, creo que no le tembló la mano para hacer que se cumpliera lo que ella se había comprometido, que cuando se diera la desobediencia se actuaría y el costo que tuvo es el cierre -del convenio– entre el MP y la DGAC”, argumentó. Al cierre de este reportaje, la salida del MP del Aeropuerto había sido suspendida por Aeronáutica.

PREOCUPACIONES Y EXPECTATIVAS

Celada expresó que le preocupa que se perjudiquen las relaciones entre el MP, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil y que esto afecte el desarrollo de la investigación criminal que estaba dando buenos resultados.

Entre las expectativas de la gestión de Porras, el investigador de Ipnusac señaló que no se puede aspirar a cambios entre las coordinación interinstitucional, hasta que se cambie de gobierno, sin embargo, reiteró que la prioridad debe restablecer la coordinación y exigirle al gobierno que cumpla con las obligaciones que tiene.

Además, el profesional refirió que Política Criminal de Estado es un compromiso jurídico y político, y el MP debe pedir que se cumpla el diseño de política pública vigente.

Asimismo, explicó que una tercera prioridad es hacer una gestión persistente frente al Congreso de la República para que se le brinde más asignación presupuestaria.