Javier Monterroso
Aunque hubo cambio de año, la confrontación en Guatemala en 2019 es practicamente la misma que en los últimos dos años, una confrontación provocada por los intentos de un grupo de políticos y empresarios, encabezados por el presidente Jimmy Morales para librarse de la persecución penal. Este grupo que se ha denominado “el Pacto de Corruptos”, busca a toda costa terminar con la CICIG pues sabe que sin ella el Ministerio Público no los perseguiría. Los delitos cometidos por estos personajes son variados, pero en el caso del presidente Morales se le acusa de recibir financiamiento electoral ilícito de empresarios y del exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Además, el hijo y el hermano del Presidente están acusados de fraude y lavado de dinero por negocios en el Registro de la Propiedad. Y por si esto fuera poco, hay evidencias de que la Primera Dama fue contratada como técnica en computación en el anterior gobierno, sin tener las calidades para ello. Es decir casi toda la familia presidencial tiene problemas con la justicia, por eso la necesidad de procurarse impunidad.
En su desesperación el Presidente declaró en 2017 non grato a Iván Velásquez, pero la Corte de Constitucionalidad le enmendó la plana. En 2018 volvió a intentar librarse del Comisionado, y aprovechándo que éste se encontraba de viaje el Consejo Nacional de Seguridad lo declaró como una amenaza para la seguridad y Morales prohibió su entrada al país, nuevamente la CC amparó a Velásquez, a pesar de los cual éste no ha podido regresar a territorio nacional. Pero ahora el Pacto de Corruptos decidió que era hora de quemar sus naves y hace tres días el Presidente denunció el convenio de creación de la CICIG firmado entre el Estado de Guatemala y la ONU. Nuevamente la CC en una resolución emitida en la madrugada del día miércoles corrige al Ejecutivo y deja en suspenso la denuncia del convenio.
El Presidente y sus aliados estan claros que si sacan a Iván Velásquez y a la CICIG podrán dormir tranquilos en los acogedores brazos de la impunidad, y según fuentes muy informadas están dispuestos a todo para lograrlo. Esto incluye desobedecer a la Corte de Constitucionalidad. Están confiados en hacerlo pues saben que el Presidente está blindado de una persecución penal por el delito de desobediencia, esto debido a que para levantarle la inmunidad debe pasar por el proceso de antejuicio que conoce el Congreso con 105 votos. La confianza radica en que el legislativo también está controlado por el pacto de corruptos, pues los principales líderes de la mayoría de partidos políticos también enfrentan persecución penal. Además, están acuerpados por el poderoso CACIF, pues importantes empresarios se encuentran en la misma situación.
La CC se ha convertido en el dique que ha contenido las arremetidas del pacto de corruptos, por eso éstos pretenden perseguir penalmente a los magistrados y sacarlos de sus cargos, y para ello la Procuraduría General de la Nación presentó una denuncia penal en contra de tres de los cuatro magistrados que han resuelto en favor de Iván Velásquez. Quienes queremos un Estado de Derecho debemos defender a los magistrados que, por supuesto, han cometido errores y algunos fallos son cuestionables, pero sus resoluciones sobre el conflicto del gobierno y la CICIG, y su rol fundamental de defensa de la Constitución es clave en estos momentos para la lucha contra la impunidad.
