Adrián Zapata
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La decisión del Ejecutivo de “Dar por terminado el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aprobado mediante Decreto Número 35-2007 del Congreso de la República”, fue rectificada por el auto emitido por la Corte de Constitucionalidad esta mañana, donde acordó “Dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala, de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, en el cual también resolvió que “Se exhorta a las autoridades denunciadas para que en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.
Esta confrontación entre el Ejecutivo y la Corte de Constitucionalidad es un verdadero parteaguas en la vida política de este país. Pero también es un precedente delicado, para decirlo de la manera más “polite”, para la política internacional, específicamente para ese experimento que la ONU ha impulsado en Guatemala, a petición de nuestro Estado, llamado CICIG, el cual ha tenido el apoyo del poder imperial, motivado por sus intereses de “seguridad nacional”.
El gobierno guatemalteco ha logrado concitar en el rechazo a la Comisión una amplia convergencia de actores que van desde los mafiosos, corruptos y vinculados al crimen organizado, hasta aquellos que reaccionan chovinistamente, manipulados por el argumento de la soberanía nacional, pasando por quienes perciben a la CICIG como un ente que tuvo desempeños excesivos, incluyendo también a un asustado sector empresarial que, con techo de vidrio, teme que el mismo se les haga pedazos en cualquier momento, dadas sus tradicionales prácticas de financiamiento electoral ilícito. En este grupo también participan la mayoría de diputados, quienes resisten la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es decir que hay dos poderes del Estado concertados, con apoyo de actores tradicionales de poder y mafiosos emergentes. Falta por ver si la Corte Suprema de Justicia se suma a esta confrontación, dependiendo qué resuelva respecto de la solicitud del gobierno, a través del PGN, de quitarle el antejuicio a los magistrados de la CC que se oponen a las decisiones del Ejecutivo.
El auto dictado por la Corte de Constitucionalidad se alinea con lo decidido por la Secretaría General de la ONU, que rechazó la decisión unilateral del gobierno de Jimmy Morales.
El gobierno estadounidense, como poder imperial, actor estratégico en la región, realmente ha contribuido a alimentar las decisiones de Jimmy Morales, quien cuenta con aliados importantes en ese ámbito, incluyendo a los lobbies judío y protestante.
El desenlace de esta crisis todavía no se vislumbra con claridad. Si el gobierno decidiera mantener su salto mortal, abandonaría cualquier remedo de formalismo republicano y democrático. Las horas que transcurren nos permitirán ver qué sobreviene al parteaguas.
