POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Analistas consultados advierten que el gobierno del presidente Jimmy Morales ha emprendido acciones desafiantes al Estado de Derecho, entendido éste como el apego de los funcionarios al cumplimiento de las leyes y el respeto a la independencia de poderes. Las consecuencias, apuntan, podrían ser irreversibles.
Según los expertos, Morales y su equipo de gobierno han desafiado públicamente al Estado de Derecho en múltiples ocasiones cuando advierten que no acatarán las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) respectivas a permitir el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Oswaldo Samayoa, profesor e investigador en derechos humanos, explica que el Estado de Derecho tiene “implícitos” tres aspectos: el irrestricto apego de los funcionarios al cumplimiento de la ley, el respeto a los poderes del Estado, especialmente a la independencia judicial, y la condición de los ciudadanos de cumplir con sus derechos y obligaciones.
Samayoa considera que cuando el gobierno ordenó la expulsión de los funcionarios de la CICIG o cuando advirtió que no permitiría entrar al comisionado Iván Velásquez al país (pese a que la CC le había ordenado lo contrario), está vulnerando el Estado de derecho ya que no está respetando la independencia judicial y su actuar no se está apegando a las leyes del país.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señala que las acciones del presidente Morales de incumplir mandatos constitucionales “se pueden volver costumbre y eso puede ser algo que no se pueda frenar más adelante”.
“Todos aprenden que se puede vencer a la CC y eso se puede volver moneda de cambio aún más allá del gobierno de Morales. Estamos viviendo situación de desgaste institucional que la está provocando el presidente, pero que podría causar daños a futuro sino hay reacción ciudadana en este sentido de (decir) ya basta”, afirma Ibarra.
La entrevistada agrega que, por su parte, la CC tiene en contra a sectores de poder, como el sector empresarial, el Ejército y varios diputados del Congreso de la República. Esto, afirma, hace que los magistrados no tengan la fuerza necesaria para hacer cumplir sus resoluciones.
Por su parte, Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, considera que quien incumpla con una resolución de la CC “prácticamente está negando el Estado de Derecho creado por una Constitución que está vigente”.
Orellana afirma que hay un “juego de fuerzas políticas que no es nada beneficioso para el país, pero el Ejecutivo tiene sus peculiares puntos de vista”.
RESOLUCIONES
Una de las resoluciones de la CC que el Ejecutivo ha advertido que no obedecerá es la de permitir el ingreso al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, al país.
En los últimos días, también la CC ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que extienda las visas de cortesía a diez funcionarios de CICIG a quienes se les había negado.
De momento, algunos de estos funcionarios no se encuentran en el país, por lo que se está a la espera de cuál será el actuar de las autoridades de Cancillería cuando ellos regresen.
