Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Sin duda alguna uno quisiera estar escribiendo de mil cosas más y estar advirtiendo que Guatemala va por un rumbo inmejorable, que las brechas se cierran, que menos gente migra, que atraemos más inversión, que generamos muchos empleos y que en diez o quince años la realidad del país será una que nos ilusiona de principio a fin.
Pero lastimosamente el país atraviesa por tiempos convulsos que debemos vivir para aspirar a un mejor futuro, al igual que el barco debe navegar en aguas bravas antes de alcanzar la calma y llegar a tierra firme y por más que quisiéramos no podemos hacernos de la vista gorda de lo que ocurre.
Menos podemos dejar de advertir lo que ocurre en la realidad, y cuando uno analiza todo lo que ha sucedido se puede llegar a la conclusión que lo que está en marcha es el producto de un Gran Pacto por la Impunidad y que no están dando palos de ciego. Desde hace mucho tiempo han tenido clara la película, pero desde el día de la infamia, el 13 de septiembre de 2017, se dispusieron a ajustar las piezas para hacer los movimientos más sutiles, espaciados y directo a la yugular.
Ha sido tanto que no me alcanza el espacio de una columna para resumirlo, pero quizá es más sencillo arrancar por el presente para volver al pasado. En teoría el 9 de enero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conocerá el antejuicio contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que han sido incómodos para los actores del Gran Pacto y no sería raro que Dina Ochoa convoque a plenos después de esa fecha.
Se sabe que en la CSJ se mueven muchas piezas para que a la hora de conocer el antejuicio, este sea integrado por los magistrados que entreguen los votos necesarios y empeñen su nombre, tal y como pasó con el antejuicio de Felipe Alejos. Al día de hoy sabemos que el presupuesto del Organismo Judicial y la candidatura de TODOS eran parte del paquete, pero no sabemos por qué cinco suplentes conformaron el pleno cuando se tomó esa decisión.
Consecuencia del Gran Pacto es que de la nada nombren a un técnico en un juzgado de mayor riesgo y ese día se arruine el audio en el que se liga a proceso y se envía a prisión preventiva a un sindicado de corrupción y eso obligue, además, a suspender audiencias de alto impacto en las que al más pasar el tiempo, más margen se da a las maniobras del Gran Pacto por la Impunidad.
El Pacto sigue su ofensiva en contra de la CICIG y por eso, abiertamente, desobedecen a la CC sin temor alguno porque ya saben que aquí la vigilancia es la forma elegante de decir que son parte de la shuca jugada. Es ese Gran Acuerdo el que tiene a Consuelo Porras en su condición de vigilante y en la posición más gris desde que tomó posesión en mayo del año pasado, y por esos mismos propósitos de quienes desean cimentar la impunidad, es que vemos a la Contraloría General de Cuentas (CGC) convertida en la guillotina de quienes pretenden convertir las elecciones en la voz de los operadores del Pacto y no en la expresión soberana de la gente.
La Junta Directiva del Congreso trabaja sigilosamente en varios frentes como parte del Gran Acuerdo y por eso hasta se disponen a pagarle a “los exconstituyentes” una buena cantidad de plata por haberse convertido en la fuerza de choque “legal” del Gran Acuerdo, mientras el Gobierno accede al pedido empresarial para congelar el salario mínimo.
Están creando un monstruo que se les saldrá de las manos y por eso no deja de llamar la atención la sensatez y lucidez de algunos en el círculo de quienes tienen oportunidades y no podemos echar en saco roto sus palabras porque es gente que se ha dado cuenta del problema y advierten que vamos en barrena hacia un peligroso destino que se asemeja mucho a la Nicaragua de Ortega y a la Venezuela de Chávez y Maduro.
Como siempre y como todo en la vida, de usted depende que el Gran Pacto por la Impunidad no materialice sus bien trazados y acordados planes.
