Javier Monterroso
Como ya es costumbre en la primera columna del año, intentaré presentar lo que creo será el escenario para el año que comienza, aclarando antes de que no se trata de una predicción del futuro, sino de visualizar un panorama posible en base a la información con la que se cuenta, y por supuesto que hechos naturales o acciones humanas no previstas pueden cambiar el mismo.
En primer lugar el Ejecutivo y sus aliados en el Congreso intentarán seguir boicoteando el trabajo de la CICIG, y ante la pasividad del Ministerio Público son capaces de impedir el ingreso al país de Iván Velásquez, aunque esto implique sacrificar algunos funcionarios clave. En el Congreso ya en modo electoral elegirán al Contralor General de Cuentas que mejor les garantice en primer lugar los ansiados finiquitos para alcaldes y diputados, pero además buscarán que el próximo contralor también bloquee la candidatura presidencial de Thelma Aldana, que ya está cuesta arriba debido a la denuncia penal interpuesta en diciembre por la actual Contraloría. La alianza pro impunidad intentará además deshacerse de los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no controlan, para ello modificarán la ley de antejuicio y seguirán atacando con denuncias penales. También intentarán sacar al Procurador de los Derechos Humanos para lo cual la primera medida será lograr el control de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que actualmente controlan los partidos minoritarios.
La CICIG continuará destapando casos, posiblemente incluso de algunos precandidatos, sin embargo, cada vez será más dificil lograr el apoyo dentro del MP para presentarlos y en el Organismo Judicial para lograr retiros de inmunidad e incluso órdenes de captura, los casos que ya están en tribunales avanzarán muy poco, e incluso habrá reveses judiciales, esto sumado a las campañas de desprestigio que continúan en las redes sociales hará que baje un poco la confianza de la gente en la Comisión. Ante este escenario la CICIG puede intentar presentar casos de alto perfil político contra precandidatos, lo que puede resultar contraproducente, pues puede perder importantes aliados políticos.
Los dos eventos más importantes del año son las elecciones de Corte Suprema y Salas de Apelaciones que comienza en abril y concluye en octubre, y las elecciones generales que comienzan en marzo y cuya primera vuelta concluye en junio. El resultado de éste último incidirá necesariamente sobre el primero, y ambos seran analizados más a profundidad en posteriores columnas, en ésta me limitaré a señalar que éstas serán las elecciones más judicializadas de la historia, y la mayoría de candidatos importantes acudirán a las cortes ya sea para boicotear a sus adversarios presentando denuncias algunas con fundamento y otras espurias, con la obtención judicial de finiquitos, con la interpretación de artículos constitucionales para algunas candidaturas cuestionables e incluso, con los resultados de las mismas. Este es posiblemente el escenario más complicado, pues ni el TSE ni nuestro debilitado sistema de justicia están preparados para ese nivel de judicialización de la política electoral, por lo que muchos de sus fallos seran cuestionables erosionando la credibilidad en todo el sistema político. En conclusión, un 2019 complejo, que seguirá arrastrando los problemas de la incipiente lucha contra la corrupción de los últimos años y nuevamente sin un liderazgo político y social alternativo que sustituya a la vieja política tradicional.
