LIMA
AP
El presidente peruano Martín Vizcarra anunció ayer que presentará un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público, después que el controvertido fiscal general Pedro Chávarry destituyó en la víspera a dos fiscales del equipo especial que investiga a la élite política implicada en el caso Odebrecht.
Por su parte, los fiscales removidos anunciaron que impugnarán sus separaciones ante una alta junta de fiscales.
Vizcarra dijo tras un consejo de ministros en el palacio presidencial que, en el uso de sus atribuciones constitucionales, irá el miércoles al Parlamento, donde presentará personalmente el proyecto de ley “como claro gesto que mi gobierno asigna a la lucha anticorrupción”. Añadió que el fiscal general “solo logra dañar los intereses del Perú causando la indignación de la ciudadanía… queremos sanciones ejemplares para quienes le hayan jugado mal al país”.
El presidente peruano le pidió al Congreso que trate con urgencia su iniciativa “para no tener que llegar hasta una cuestión de confianza”. Una negativa podría provocar un posible cierre del parlamento dominado por el partido opositor de la lideresa Keiko Fujimori y apoyado por el partido del expresidente Alan García, ambos investigados por el caso Odebrecht.
Vizcarra no mostró detalles de su proyecto, pero de acuerdo a expertos, una emergencia del Ministerio Público implicaría al final la destitución del fiscal general.
Los fiscales destituidos por Chávarry: el coordinador del equipo Rafael Vela y el fiscal provincial José Domingo Pérez, dijeron en una conferencia de prensa nocturna que el miércoles impugnarán la remoción ante una junta de cinco fiscales supremos, la más alta reunión del Ministerio Público. “Pretendemos que se reexamine y se proceda de forma inmediata a anular todos los efectos y consecuencias de esa decisión ilegal”, dijo Vela.
No se sabe cuánto tiempo demorará ese trámite, pero Vela y Pérez indicaron que no entregarán sus investigaciones hasta que se conozca la decisión de los fiscales supremos. En las afueras del local del Ministerio de Justicia donde se producía la conferencia de los destituidos, casi medio millar de manifestantes llevaban una extensa bandera peruana mientras gritaban “fuera Chávarry”. Cinco hombres que llegaron para apoyar al fiscal general recibieron chorros de agua y abucheos.
Chávarry -cuyo nombramiento incluso está en duda por presuntamente no haber alcanzado el puntaje mínimo para el cargo- es respaldado en el Parlamento por los partidos de Fujimori y García. Acumula tres denuncias constitucionales en el Congreso que podrían iniciar el camino a su destitución, pero que no avanzan debido a que el partido de Fujimori -mayoritario en el Legislativo- ha postergado los debates.
Todas las denuncias contra Chávarry están relacionadas con un informe emitido en agosto por otra importante fiscal del principal puerto de Perú, quien lo acusa de integrar un grupo delictivo conformado por magistrados y empresarios que torcían la justicia a cambio de recibir favores o dinero. A fines de agosto, una legisladora del partido de Fujimori consideró que la permanencia de Chávarry en el cargo de fiscal general es “un asunto de supervivencia”.
Vizcarra retornó el martes de urgencia desde Brasil, adonde había viajado para la investidura del mandatario Jair Bolsonaro.
Cuatro horas antes del Año Nuevo, Chávarry dijo en conferencia de prensa que retiró a los fiscales Vela y Pérez porque este último cuestionó su elección como fiscal general y porque Vela avaló esa conducta.
Pérez denunció en diciembre a Chávarry por posible encubrimiento debido a las trabas a sus indagaciones sobre los nexos de Fujimori y García con Odebrecht. Fujimori está detenida por 36 meses, mientras que García (2006-2011) tiene prohibido salir del país por 18 meses. También investiga a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Kuczynski (2016-2018). Odebrecht ha admitido ante las autoridades estadounidenses que pagó 29 millones de dólares en coimas en Perú.
A inicios de diciembre, Vela y Pérez lograron un acuerdo con Odebrecht en el que la empresa se comprometía a entregar sin condiciones documentos y datos de sus sistemas encriptados sobre el pago de sobornos a funcionarios en Perú; permitir que sus exgerentes declaren como colaboradores eficaces ante los fiscales; y pagar 181 millones de dólares como reparación civil. Según los fiscales destituidos, las pruebas son cruciales para posibles sentencias contra Fujimori y García.
El acuerdo con Odebrecht es mantenido en reserva porque así lo establece la ley de colaboradores eficaces, pero Chávarry ha dicho que lo hará público. Con esto, según expertos, Chávarry busca romper el acuerdo y detener las investigaciones.
Las diferencias entre los fiscales destituidos y el fiscal general también se acentuaron cuando Chávarry impuso una decena de investigaciones internas a Pérez y dificultó el trabajo del equipo al no otorgarles una oficina.
La destitución de los fiscales del caso Odebrecht provocó preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la organización Transparencia Internacional. El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao dijo que por el “impacto y relevancia, la decisión de la Fiscalía General de Perú debe ofrecer una justificación pública”. Transparencia Internacional añadió que la decisión de Chávarry “es un enorme paso atrás en la lucha contra la impunidad en Perú” e instó a “reconsiderar” su decisión.
La decisión de Chávarry desató protestas inusuales en las calles entre cientos de peruanos pocas horas después del Año Nuevo en al menos cinco ciudades del país, donde los gritos que pedían la salida de Chávarry se mezclaban en algunos casos con los sonidos de la pirotecnia.
