Adrián Zapata
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Nunca como ahora, en estas dos décadas transcurridas desde la firma de la paz, ésta había estado en tanto riesgo. Los Acuerdos de Paz fueron un intento por encontrar caminos de solución a los problemas que constituían las causas de un conflicto armado que por 36 años desangró a la sociedad guatemalteca. Se abordaron temas relacionados con la democracia, el fortalecimiento republicano, pero también otros más profundos como la identidad y derechos de los pueblos indígenas y aspectos socioeconómicos y agrarios, particularmente desarrollo rural.
En la dimensión política de los Acuerdos, los relativos a la democracia y el fortalecimiento republicano fue donde más se avanzó. Sin embargo, la corrupción acompañada de impunidad y la cooptación del Estado por estructuras criminales fueron deteriorando los avances logrados. Pero lo que resulta paradójico es que los extraordinarios éxitos obtenidos en el año 2015, han producido un efecto boomerang, habiendo un claro retroceso. El Ejecutivo, el Legislativo y el poder político que representó Álvaro Arzú, que se sigue expresando desde la municipalidad capitalina, constituyen una alianza institucional que avanza en la reversión de lo logrado. Existe en ellos una diáfana intención de resistir, afectando la democracia y la institucionalidad republicana.
Jimmy Morales encabezando esa alianza constituye, para los Acuerdos de Paz, lo que en 1993 fue el Serranazo para la transición democrática, cuando ese autogolpe fue revertido por la Corte de Constitucionalidad. Por eso ahora se intenta comenzar esta similar aventura desarticulándola.
Pero Morales va aún más lejos, porque para retroceder los avances se atreve a desafiar a las Naciones Unidas, particularmente a su Secretaría General, sin importarle el costo político que esto signifique en materia de política internacional. Debe reconocerse, sin embargo, que inteligentemente el gobierno de Guatemala ha sabido tejer convergencias con actores importantes en el seno del poder imperial. El lobby judío, el lobby protestante y la propia administración Trump son parte de ellos.
A pesar de lo anterior, la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como por enfrentar la cooptación criminal del Estado guatemalteco continuará avanzando, pese a los ajustes y ciertas modificaciones que en ella ocurran. Los Estados Unidos presionarán para que su “seguridad nacional” se garantice en su patio trasero.
El próximo proceso electoral será el escenario donde se definan las condiciones del futuro de esa pretensión imperial. Las principales opciones hasta ahora dibujadas en dicho escenario son funcionales para ella, me refiero a Sandra Torres y Thelma Aldana. Pareciera difícil imaginar una opción diferente a las referidas, aunque debemos reconocer que en política nada es seguro hasta que sucede y que los Estados Unidos se caracterizan por su versatilidad en las decisiones que tomen para defender sus intereses.
Lo que sigue siendo una insuficiencia en la visión imperial es la relevancia que tiene la pobreza en las migraciones que tanto les alarma. La caravana de migrantes centroamericanos ha puesto este tema en la palestra.
En estas condiciones comienza el año 2019 en relación a la paz firmada hace 22 años.
