El gobierno tomó bien sus tiempos. Según declaraciones del responsable de haber presentado la denuncia contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, durante más de dos meses estuvieron trabajando en ese caso, lo que permite concluir que la planificación incluía tomar ventaja aprovechando que la población se desentiende de los temas trascendentes durante los días entre la Navidad y el Año Nuevo, para iniciar la acción penal en contra de quienes han sido los garantes del Estado de Derecho y que, con sus resoluciones, han atajado los desmanes del Presidente para acabar con la lucha contra la corrupción que empobrece a este país y nos coloca en una condición deplorable, al punto de que estamos expulsando a nuestros niños para que mueran en la frontera entre México y Estados Unidos.
El día de hoy es prácticamente el último día hábil del año y hay que recordar que en materia penal no funciona la misma norma que prevalece para los amparos. En otras palabras, no todos los días y horas son hábiles por lo que el trámite de la denuncia tiene que apresurarse para que hoy mismo llegue a la Corte Suprema de Justicia, a fin de que sea elevada al Congreso de la República donde la Junta Directiva, parte del ya célebre Pacto de Corruptos promotor de este nuevo desaguisado, integrará a dedo la comisión pesquisidora.
A marchas forzadas tratarán a toda costa de avanzar en el plan para remover a los magistrados que han resuelto en contra de sus intereses perversos, y por esa razón es que la ciudadanía tiene que estar atenta porque no está en juego simplemente la situación de los tres magistrados sino que lo que se está decidiendo en estas horas críticas es la existencia del Estado de Derecho y la supervivencia del orden democrático en el país puesto que se trata de dar un manotazo a la constitucionalidad mediante el desconocimiento de la autoridad de la CC para aplicar la máxima ley del país.
El Presidente ha reiterado que no acatará lo que para él son fallos ilegales, pero no es facultad de ningún individuo, entre ellos el Presidente de la República, calificar la legalidad de las resoluciones judiciales y todos sabemos que la Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal y sus resoluciones siempre han sido acatadas, aunque pueda haber rechazo a la naturaleza de las mismas. Llegado el momento, en tiempos de Serrano, el Ejército se vio obligado a acatar una resolución en la que se desconocía la autoridad presidencial por actos violatorios de la Constitución.
