Oscar Clemente Marroquín
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La ley establece que los votos razonados se tienen que emitir en el preciso momento en que se produce la votación en un tribunal y, sobre todo, en materia de Amparo cuando los tiempos son cruciales para garantizar los derechos que puedan haber sido conculcados por un acto administrativo o resolución que afecte intereses de terceros. Sin embargo, la magistrada Presidenta de la Corte de Constitucionalidad ha convertido ya en mañosa reincidencia la postergación de las resoluciones mediante el retraso inaceptable de sus votos razonados, lo que hace que las decisiones del máximo tribunal constitucional queden sin ser notificadas porque la abogada Dina Ochoa se toma todo el tiempo del mundo para consignar el razonamiento de sus votos en contra de la mayoría. Siempre es cuando hay resoluciones adversas al gobierno y ella fue nombrada magistrada por el Presidente de la República, lo que evidencia, sin lugar a duda alguna, que su lealtad es al gobernante y no al Estado de Derecho. En otras palabras, está pasándose la ley por el arco del triunfo y con ello comprometiendo el régimen de legalidad en el país y la supervivencia del sistema democrático porque mediante esa marufia impide que se puedan ejecutar de inmediato, como corresponde, resoluciones que pretende restablecer el imperio de la legalidad.
Si alguien tiene razones de peso para votar en determinado sentido tiene que tener la capacidad de fundamentar y razonar su voto inmediatamente, en el mismo acto, sin esperar que otros abogados más capaces se encarguen de hacer y redactar los razonamientos para justificar lo injustificable. Nadie, ningún profesional del derecho medianamente competente, necesita tomarse varios días para encontrar las razones que sirvan para justificar su oposición y cuando no se tienen esas razones en su momento, lo lógico es que quede únicamente asentado el voto en contra o a favor, sin necesidad de que se tenga que ir a bajar libros para buscar razón a la sinrazón.
Es pura cuestión de elemental sentido común. No hace falta ser genio para entender la jugarreta que no tiene otra finalidad que la de postergar la plena vigencia de las resoluciones mediante el atraso de la notificación a las partes de lo resuelto por la mayoría de un tribunal en materias tan sensitivas como el Amparo diseñado, específicamente, para evitar atropellos producto del abuso de poder.
La Corte de Constitucionalidad fijó un plazo perentorio para que el gobierno emita las visas a los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el plazo ha sido maliciosamente retardado por la falta del voto supuestamente razonado por la presidenta de la CC, magistrada Dina Ochoa. Y digo supuestamente porque ya en una ocasión se dio el caso de que terceros ajenos a la Corte empezaron a comentar un voto razonado de dicha magistrada sin que el mismo se hubiera hecho público, lo que permite suponer que esos terceros algo tuvieron que ver con la elaboración de los razonamientos.
Está en juego el Estado de Derecho y no se valen artimañas violando la ley que claramente establece cuándo y cómo se deben emitir los votos razonados.
