WASHINGTON
AP
Un juez federal suspendió ayer las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump que negaban el asilo a los migrantes que huyen de la violencia doméstica o de pandillas en sus países de origen.
El juez de distrito Emmet Sullivan determinó que algunas de las directrices redactadas por el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, no pueden ser usadas para probar si un inmigrante tiene un temor creíble de ser perseguido o torturado en su país de origen, que es el primer paso para solicitar asilo en Estados Unidos.
El juez aseveró que las normas de asilo impuestas por el gobierno de Trump violan las leyes federales de inmigración y «es la voluntad del Congreso, no los caprichos del Ejecutivo”, la que determina cuáles serán los estándares para deportar a alguien.
Se trata de otro revés legal para los intentos del presidente Trump de endurecer las normas migratorias sin pasar por el Congreso. La Casa Blanca dijo que el fallo de ayer “agobiará aún más nuestras cortes migratorias con casos no meritorios, empeorando aún más la enorme cantidad de casos pendientes”.
La secretaria de prensa Sarah Sanders dijo que “el fallo de hoy es tan solo el ejemplo más reciente de activismo judicial que alienta a los migrantes a tomar riesgos, le otorga poder a las organizaciones criminales que propagan el caos en nuestro hemisferio y socava las leyes, fronteras, a la Constitución y la soberanía de Estados Unidos”.
Un proceso distinto acerca de si los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente pueden pedir asilo, está siendo dirimido en un tribunal de San Francisco. Un juez ordenó una suspensión temporal de esa práctica impuesta en noviembre, y el trámite de ayer debía decidir si se prorrogaba la suspensión. El gobierno de Trump le ha solicitado a la Corte Suprema que permita la implementación de dicha política.
En respuesta al fallo de Sullivan, un portavoz del Departamento de Justicia, Steven Stafford, dijo que la directriz de Sessions se había apegado a los requisitos de asilo de acuerdo a la ley estadounidense.
“Estamos revisando nuestras opciones respecto de este fallo, y continuaremos restaurando el estado de derecho en nuestro sistema de inmigración”, apuntó.
Los funcionarios del gobierno de Trump afirman que el proceso de asilo es aprovechado por inmigrantes que confían en pasar la primera prueba sobre el temor creíble para poder entrar en el país. Por lo general, sólo un 9% de los que piden asilo lo reciben.
El cambio en las políticas de inmigración implementado el 11 de junio tuvo un impacto inmediato.
Abogados de inmigración aseveran que algunas personas que creían iban a pasar la prueba de temor creíble no la pasaban, y que los jueces están rechazando más apelaciones, poniendo fin a procesos que debían durar años ante de que siquiera comiencen.
Sin embargo, funcionarios de la administración Trump dicen que la cantidad de gente que está alegando temor creíble ha aumentado drásticamente.
Por lo general, el asilo se les otorga a personas que son perseguidas en sus países de origen, o que podrían ser perseguidas en caso de que vuelvan. Miles de personas piden asilo todos los meses en los puestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos.
