POR LUIS MANUEL GALEANO/AP
MANAGYA
El gobierno del presidente Daniel Ortega notificó hoy su decisión de expulsar del país de manera inmediata a los expertos de Organización de Estados Americanos que estaban investigando los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas oficiales desde el pasado mes de abril, cuando unas protestas sociales fueron seguidas por una violenta represión.
Según una carta enviada por el canciller, Denis Moncada, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el ejecutivo decidió la “salida temporal” de los organismos de derechos humanos debido a su actuar “irresponsable en la escalada criminal, injerencista” y a que promovieron “acciones terroristas de orden político, económico y militar” en contra de Nicaragua.
Los dos grupos de expertos independientes –el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ambos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– llevaban varios meses investigando una crisis que, de acuerdo con los datos de la OEA, se ha cobrado más de 320 muertos y ha conllevado números casos de torturas, detenciones arbitrarias y persecución de opositores.
Moncada consideró que ambos equipos violaron su protocolo de actuación, rompieron lo acordado con el gobierno y violentaron la constitución de Nicaragua.
Asimismo, la misiva del canciller hace referencia a unas declaraciones de Almagro en las que tacha al gobierno nicaragüense de “dictadura” y llama a la comunidad internacional a “asfixiarla”. Según él, esas “mentiras y calumnias” se deben a su actuación como “agente político del imperio norteamericano”.
Los expertos fueron citados en la Cancillería y acusados de divulgar información falsa.
“Nos pidieron que abandonáramos el país inmediatamente y esperamos que nuestra sede en Washington se encargue de la logística para irnos”, dijo Ana María Tello, coordinadora del MESENI en rueda de prensa.
La expulsión de los expertos tuvo lugar un día antes de que el grupo de especialistas divulgara su informe final sobre las graves violaciones cometidas por el Estado en los últimos meses, un documento que el gobierno de Ortega les ha prohibido presentar, explicó Amérigo Incalcaterra, coordinador del equipo.
“La decisión de expulsar al GIEI es unilateral. No ha habido comunicación que nos indique que trabajemos de esta forma u de otra. Tuvimos doce reuniones al inicio de nuestro trabajo y de ahí en adelante no hubo nunca más respuesta a las más de 70 comunicaciones que les enviamos solicitando información”, dijo Incalcaterra.
Los investigadores subrayaron que pese a la expulsión continuarán “dando seguimiento a lo que ocurre en Nicaragua desde afuera”, afirmó Tello.
En un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una ONG regional, condenó duramente la decisión que llegó justo un día antes de que el grupo de especialistas presentase su informe final sobre las graves violaciones cometidas por el Estado en los últimos meses.
A juicio de esta organización, los expertos de los dos grupos que investigaban desde hace meses en el país “se enfrentaron a un Estado que obstaculizó y boicoteó el ejercicio de su labor, al cerrar todos los espacios de diálogo y monitoreo, y al negarles el acceso a información imprescindible para cumplir con sus mandatos”.
Esta acción se da en el marco de un recrudecimiento de la represión y la persecución ya que en las últimas semanas el gobierno de Ortega retiró licencias a varias ONG críticas y ocupó las instalaciones de un medio noticioso independiente que ha documentado abusos de las fuerzas de seguridad del gobierno y paramilitares desde abril.
