Víctor Ferrigno F.
En su intento por expulsar del país a once funcionarios de la CICIG, Jimmy Morales y su Canciller han ignorado una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), han violado un tratado internacional firmado con la ONU, además de violentar preceptos constitucionales que los obligan a someterse al imperio de la ley. En suma, han consumado una nueva ruptura del orden constitucional, que no podemos tolerar.
Ante este nuevo golpe de Estado técnico, amparados en el Artículo 45 de nuestra Carta Magna, que establece que “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”, debemos levantar una fuerte resistencia ciudadana y defender la democracia por todos los medios.
Como lo ha demandado Acción Ciudadana ante la Corte de Constitucionalidad, la Canciller debe ser destituida y procesada por los delitos de abuso de autoridad y desobediencia, por contravenir la resolución de la CC, de septiembre pasado, sobre este tema. Jimmy Morales también debería ser procesado, pues los asuntos diplomáticos son su responsabilidad, aunque aún no se haya enterado.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y decenas de organizaciones ciudadanas se han pronunciado en contra de la arbitraria e ilegal medida gubernamental, incluyendo el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, y varios congresistas estadounidenses.
En sentido contrario, desnudando su talante golpista, la Cámara de Industria salió a defender a la Canciller, ocultando que, en alianza con el Pacto de Corruptos, buscan impunidad para varios de sus prominentes afilados, que están siendo procesados por delinquir.
No hay que perderse en detalles, esta nueva arbitrariedad pretende brindar protección e impunidad a los políticos, empresarios y militares que el Ministerio Público, con apoyo de la CICIG, ha investigado y procesado. No es casual que los once investigadores y abogados de la Comisión que Morales y Jovel quieren expulsar, han jugado un papel de primer orden en los casos de alto impacto en los que están involucrados los parientes del Presidente, diputados mafiosos, empresarios corruptos y represores castrenses.
En el Congreso, los diputados del Pacto de Corruptos aplauden esta nueva ruptura del orden constitucional y, aprovechando la crisis institucional, están impulsando una agenda legislativa regresiva. Además, para garantizar que tendrán capacidad represiva, el Ministro de Gobernación está destituyendo a muchos oficiales de carrera en la Policía Nacional Civil, haciendo involucionar esta institución.
En el campo, arrecian los desalojos arbitrarios y el asesinato de dirigentes comunitarios que se oponen pacíficamente a los megaproyectos, tal los casos de Domingo Pedro Esteban y Nery Pedro Esteban, de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Con la firma de la Paz, iniciamos la construcción de una incipiente y débil democracia, que Jimmy Morales y el Pacto de Corruptos quieren destruir, con el apoyo financiero y político de la oligarquía. Mientras nos esforzamos por edificar un país para todos, ellos quieren construir nuestra tumba y ampliar su bóveda, pues ya no les cabe el dinero que amasan por la explotación, la corrupción y el lavado.
Hoy nos jugamos la libertad con dignidad, la democracia con justicia, y el desarrollo soberano. ¡Ánimo compatriotas, ni un paso atrás!
