Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
El Secretario General del partido político TODOS y diputado Felipe Alejos, ofreció la semana pasada una conferencia de Prensa para reportar una denuncia que interpuso la Contraloría General de Cuentas (CGC) en el Ministerio Público (MP), por una contratación que hizo esa misma institución durante la administración de la ex fiscal general, Thelma Aldana.
La denuncia viene después de que Alejos citara al Contralor en funciones y le demandara que actuara en ese caso. Sin embargo, la información que otorgó Alejos no coincide de manera plena con lo que denunció la CGC, como se publicará en la nota: “Denuncia en MP: Alejos dijo una cosa y la Contraloría otra”.
Por esta razón, el exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), Rootman Pérez, se pronunció ante la denuncia que presentó la CGC por la contratación de José Carlos Marroquín que hizo esa institución durante la administración de la exfiscal Thelma Aldana y que según Alejos se trata de una plaza fantasma.
En su postura, señaló que la denuncia no tiene sustento y que evidencia el temor a la eventual participación política de la extitular del MP en las elecciones 2019. “Es evidente que la presentación de la denuncia penal de manera irresponsable por parte de la Contraloría General de Cuentas, pone en evidencia y refleja el temor que provoca la eventual participación de Thelma Aldana en el próximo proceso electoral”, indica en un comunicado publicado por Pérez en su cuenta de la red social de Twitter.
Además, explica cómo se originó la consultoría por la cual fue denunciada Aldana, “El fortalecimiento del MP durante la administración de Thelma Aldana, tuvo su origen en el Plan Estratégico 2015-2019. Estos avances fueron objeto de una consultoría que solicitó como producto, un compendio de las buenas prácticas y resultados alcanzados, que incluso se pudieran replicar en otras Fiscalías de la Región. El producto fue entregado en el mes de abril por el consultor internacional, contratado bajo las normas del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y recibido con su no objeción. El contrato tuvo vigencia de enero a abril de 2018”.
Se llamó a Rootman Pérez para conocer más detalles sobre el tema, sin embargo, al cierre de esta edición no contestó las llamadas realizadas.
