Claudia Escobar
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Cada vez existe mayor reconocimiento sobre la relación que existe entre la corrupción y la violación a los Derechos Humanos. El propio concepto de Gran Corrupción acuñado por Transparencia Internacional contempla como una de sus características que se configure una violación a los Derechos Humanos.
Los delitos relacionados con corrupción que limitan el derecho a la libertad, la seguridad, la salud, la educación o la judicial imparcial, son todos ellos actos que violentan los derechos fundamentales de las personas. En los principales centros de debate y entidades académicas reconocen que la corrupción va más allá de una actividad ilícita económica.
A principios de diciembre, el Diálogo Interamericano junto con la Fundación para el Debido Proceso –DPLF– organizó una actividad para tratar el tema de la Gran Corrupción, los Derechos Humanos y el rol del Derecho Internacional, el cual permitió reunir a varios expertos sobre el tema. Para ellos, es necesario contemplar lo que regulan los convenios y protocolos internacionales, incluso los acuerdos comerciales respecto a la corrupción y profundizar sobre los vínculos con los Derechos Humanos para determinar que los efectos de los actos de corrupción provocan víctimas.
En dicho evento el conocido político conservador Hernán Larraín, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, señaló que –hace unos años– su país adoptó una normativa más dura contra la corrupción que impone sanciones al sector privado y aumentó las penas a los funcionarios públicos que cometen delitos relacionados con la corrupción.
Además, mencionó que el concepto de integridad debe entenderse como una conducta que rechaza el nepotismo, que permite una verdadera declaración de activos y de intereses de los funcionarios públicos que facilita la transparencia, que impide el uso de la puerta giratoria (funcionarios que al terminar el mandato ocupan cargos en la empresa privada y viceversa. A su criterio la razón por la cual el caso de Odebrecht no afectó a su país, es por la forma en que se llevan a cabo las licitaciones públicas, a través de procedimientos abiertos y transparentes y no por la santidad de sus funcionarios.
Según el ministro Larraín los partidos políticos deben ser regulados y auditados con seriedad. Es necesario saber cuánto dinero se invierte en publicidad, poner límites máximos a los gastos de las campañas, para evitar que existan grandes diferencias entre los candidatos. Aunque esto sea impopular es absolutamente necesario.
Por último, también resaltó que es necesario que se genere una nueva cultura empresarial, en especial de las grandes corporaciones. Hay que regular la forma en que el sector privado hace lobby con los políticos. Deben también promulgarse leyes antimonopolio y que hace falta que el sector desarrolle su propio “watch dog system”.
Los expertos consideran que la corrupción es un problema que traspasa fronteras, sus efectos son regionales o mundiales. Reconocer que hace falta profundizar en las herramientas y mecanismos internacionales para hacer frente a un problema que afecta los derechos de los habitantes de todos los países, es el primer paso para vincular la corrupción con los Derechos Humanos.
