Alfonso Mata
La Constitución necesita para su cumplimiento de protección política y jurídica. Tenemos una Corte de Constitucionalidad con mandato de «defender el orden constitucional y ser tribunal permanente de jurisdicción privativa» y en sus funciones «tribunal extraordinario de amparo… las acciones interpuestas contra organismo de Estado». Me pregunto ¿existe unanimidad de lo que significa todo lo que hace la CC? entonces ¿cómo la entendemos?
En la actualidad, del accionar de la CC, lo que más atrae la atención e indignación son los procesos políticos y el papel de la Corte en eso, tiene como principales adversarios a los políticos y entidades privadas comprometidas en el pasado y presente en actos ilícitos.
Una cosa deberíamos tener claro los ciudadanos: ni la CC ni la CSJ tienen la posibilidad, así sean correctos sus dictámenes y sentencias, de decidir sobre cuestiones políticas, pues estas no cambian las circunstancias políticas en que se da la trasgresión, ya que es la forma en que se organizan los sectores políticos y en que las entidades estatales y privadas fomentan el delito, lo que deja lábil el cumplimiento constitucional. También deberíamos tener claro que el Estado, sus poderes, en su forma de actuar (salvo raras excepciones) no lo hace con independencia y si en complicidad y carece en general de autoridad político-moral; por lo que la ejecución de sus operaciones, está plagada de prebendas y actos ilícitos y en todo ello, la jurisdicción ciudadana y de la CC ha resultado a la fecha ser muy limitada e inoperante para crear y fomentar un Estado de Derecho.
Por consiguiente, debemos partir de un hecho irrefutable: la estructura política concebida en la Constitución, se halla manifiestamente debilitada, bajo una dirección política que notoria y constantemente atenta contra los intereses constitucionales de la mayoría, sin orientación hacia un Estado de Derecho y cuajada de actos ilícitos. Bajo ese régimen de cosas, resulta evidente que la CC es una entidad débil, que no ha curado sino sólo evitado que el mal de la corrupción no crezca, actuando según la tradición «lo menos mal» ¿Para quién? Pero no ha buscado apoyar la integridad y perfeccionamiento de un sistema de Estado constitucional.
Creo e insisto que una descomposición tan avanzada del Estado, no puede ser atajada solo por medios jurídicos. En estos momentos, no sólo ha fracasado la CC, el MP, la CSJ sino todos los sectores de gobierno y de la sociedad; y es la actitud y accionar que hemos tenido todos, lo que fomenta ese estado de calamidad político social en que vivimos. Es y resulta evidente, que la destrucción del Estado no permite en estos momentos protección jurídica ni a la Constitución, ni a la ciudadanía. ¿Qué ese puede hacer? eso debería ser motivo de diálogo nacional: cómo protegernos ante enemigos declarados en su actuar contra la Constitución, cómo protegernos contra la sucesión temporal a puestos y funciones públicas de corruptos y corruptores. Necesitamos una CC clara y concreta en cuanto a ordenamiento de problemas políticos, sociales y materiales y no sólo reactiva en cuanto a construcción y afianzamiento de una democracia representativa.